México vive un momento verdaderamente crítico en materia de inseguridad y violencia política. El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, desató una ola de indignación nacional que se viralizó rápidamente en redes sociales. El impacto entre jóvenes ha sido particularmente visible: miles de ellos han decidido organizar una marcha nacional este 15 de noviembre con el objetivo de exigir justicia y un freno inmediato a la violencia que golpea a servidores públicos y a comunidades completas.
La sensación generalizada es que la violencia ya no distingue territorios, niveles de gobierno ni colores políticos, y que cualquier persona involucrada en la vida pública corre riesgos crecientes.
Sin embargo, lo ocurrido en Uruapan no es un episodio aislado. Es la manifestación más reciente de una tendencia ascendente de violencia político-criminal que, desde hace varios años, erosiona la gobernabilidad local y deteriora la seguridad de quienes ejercen un cargo público o aspiran a uno.
Para dimensionar con rigor la gravedad de este fenómeno, es indispensable revisar los datos disponibles, aun cuando no exista un conteo único y definitivo debido a las diferencias metodológicas entre organizaciones como Integralia Consultores, Data Cívica, Laboratorio Electoral, Etellekt y Causa en Común.
Violencia política en México en cifras: un país bajo presión
Aunque no existe un registro unificado sobre cuántos funcionarios públicos, aspirantes, líderes comunitarios y actores políticos han sido asesinados desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 13 de noviembre de 2025, es posible trazar una estimación conservadora basada en los reportes más confiables.
Durante el periodo post-electoral de 2018, particularmente en los meses de diciembre, se documentaron alrededor de veinte asesinatos vinculados a violencia política, según rezagos reportados por Etellekt e Integralia.
En los años 2019 y 2020, ya fuera de procesos electorales, se registró un promedio aproximado de cuarenta casos por año, para un total cercano a ochenta, como señalan monitoreos de Data Cívica y Causa en Común.
El proceso electoral de 2021 marcó un punto de especial violencia, pues entre 2020 y 2021 se contabilizaron ochenta y ocho asesinatos relacionados con actores políticos, de acuerdo con Laboratorio Electoral e Integralia.
Procesos electorales y años más violentos
Posteriormente, entre 2022 y 2023 se estima que ocurrieron unos ciento cincuenta asesinatos, alrededor de setenta y cinco por año, en un contexto donde aumentaron significativamente los ataques contra alcaldes y funcionarios municipales, especialmente en regiones donde operan grupos del crimen organizado.
El proceso electoral de 2024, que abarcó de septiembre de 2023 a junio de 2024, se convirtió en el más violento desde que existen registros sistemáticos. Según el reporte final de Integralia, en este periodo ocurrieron doscientos sesenta y ocho homicidios vinculados a actores políticos, entre ellos candidatos, funcionarios, colaboradores y víctimas colaterales.
Tras las elecciones y durante los meses de julio a septiembre de 2024, Data Cívica reportó cerca de treinta asesinatos adicionales, en un año que acumuló seiscientos diecisiete eventos de violencia política, de los cuales una parte significativa correspondió a homicidios. En ese mismo año fueron asesinados seis alcaldes en funciones.
Para 2025, durante el primer semestre, Integralia documentó ciento doce asesinatos, la mayoría contra funcionarios municipales y actores políticos locales. Finalmente, entre julio de 2025 y el 13 de noviembre, las estimaciones calculan entre cincuenta y cincuenta y seis asesinatos adicionales, dependiendo de la fuente consultada.
Al integrar todas estas cifras, la estimación total se aproxima a ochocientos asesinatos relacionados con violencia política entre 2018 y noviembre de 2025, con un rango razonable que oscila entre seiscientos cincuenta y novecientos casos, debido a las distintas metodologías para incluir o excluir víctimas colaterales, familiares o actores no oficiales. Se trata de una tendencia grave, persistente y profundamente alarmante.
Crimen organizado y violencia política en México: una relación que debilita al Estado
El análisis de las cifras no solo revela la magnitud de la violencia, sino también su origen. La mayor parte de estos asesinatos ocurre en territorios donde el crimen organizado disputa el control político, económico y social.
Estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Michoacán registran patrones reiterados de interferencia criminal en campañas, extorsiones a alcaldes y tesoreros, imposición de candidatos, cobro de cuotas y represalias directas contra quienes se niegan a someterse.
El asesinato de Carlos Manzo se inscribe precisamente dentro de este tipo de dinámicas: grupos criminales que buscan imponer autoridad sobre gobiernos municipales y que recurren a la violencia extrema como mecanismo de control territorial.
Indignación social ante la violencia política en México: una generación que ya no calla
Lo que distingue este caso de otros es la reacción social inmediata. En cuestión de horas, miles de jóvenes convirtieron este crimen en un punto de quiebre simbólico. La indignación dejó de ser silenciosa: se transformó en organización ciudadana espontánea.
La convocatoria a la marcha del 15 de noviembre demuestra que una nueva generación se niega a normalizar la violencia y está dispuesta a exigir transparencia, responsabilidad y estrategias reales de seguridad. No hay detrás intereses partidistas visibles ni agendas tradicionales: hay miedo, hartazgo y un deseo genuino de vivir sin violencia.
¿Quién manda en México? Violencia política, crimen organizado y la pregunta inevitable
Ante estos hechos, surge una pregunta inevitable y profundamente incómoda: ¿el asesinato de Carlos Manzo confirma que en muchas regiones del país es el crimen organizado quien establece las reglas, o será este crimen el detonante que finalmente obligue al Estado a cambiar de forma seria y contundente su estrategia de seguridad? La respuesta a esta interrogante definirá los próximos años de vida pública.
Si un alcalde puede ser asesinado sin consecuencias inmediatas, el mensaje que se envía a los ciudadanos y a quienes aspiran a cargos de elección es devastador. Pero también existe la posibilidad de que la indignación social marque un punto de quiebre y genere presión suficiente para replantear estrategias, fortalecer instituciones, profesionalizar policías y reducir los espacios de impunidad.
México en una encrucijada: el futuro de la violencia política
México enfrenta un momento decisivo. La violencia política no es una estadística fría: son vidas arrebatadas y un sistema democrático que enfrenta amenazas profundas. La marcha convocada por los jóvenes es un recordatorio de que la sociedad no está dispuesta a resignarse.
Pero también es un llamado urgente al Estado para actuar con claridad, evidencia, coordinación y valentía. Los casi ochocientos asesinatos ocurridos desde 2018 no pueden seguir acumulándose como números: deben convertirse en el motor de un cambio real.
El país está en una encrucijada, y lo que se haga —o se deje de hacer— en este momento definirá si recuperamos la paz o si permitimos que la violencia termine por imponer sus propias reglas.
