El más reciente informe anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos dado a conocer este lunes ha arrojado una sombría luz sobre la situación en México, denunciando una alarmante impunidad frente a delitos como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones.
Según este informe, la mayoría de los casos criminales en México quedan sin investigar ni enjuiciar, lo que contribuye a mantener altos niveles de violencia y explotación en el país. Entre los problemas principales identificados por el Departamento de Estado se encuentran los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+.
Organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan operando impunemente en muchas partes del país, en complicidad con autoridades locales, según lo revelado por el informe. Además, se ha informado de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo tanto por grupos delictivos como por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.
El documento también destaca las serias restricciones a la libertad de expresión en México, con el “descrédito oficial” a periodistas por parte de políticos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, se mencionan las acusaciones de abusos sexuales cometidos por autoridades durante detenciones y encarcelamientos, aunque se reconoce la adopción de nuevas directrices por parte del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres.
A pesar de que el gobierno mexicano ha tomado medidas para identificar y castigar a funcionarios responsables de abusos contra los derechos humanos, algunas ONG denuncian descréditos a su trabajo por parte de autoridades mexicanas.
El informe del Departamento de Estado ha generado reacciones encontradas en México, con el presidente López Obrador rechazando vehementemente sus conclusiones. El mandatario ha calificado el informe de “bodrio” y ha acusado al Departamento de Estado de injerencia en los asuntos internos del país.
Aunque el gobierno mexicano niega las acusaciones de tortura y persecución, la realidad de la impunidad y los abusos denunciados en el informe plantea un desafío urgente para las autoridades y la sociedad mexicana en su conjunto.
La denuncia de Estados Unidos sobre la impunidad y los abusos en México pone de relieve la necesidad apremiante de abordar estos problemas y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país. Con la violencia y la impunidad en aumento, la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos debe ser una prioridad indiscutible.
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