En un contundente paso hacia la protección de los derechos de las mujeres y la promoción de la integridad en el ámbito político, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen que impide que personas con antecedentes de violencia hacia las mujeres o deudores alimentarios puedan postularse a cargos de elección popular.
Aprobado por unanimidad
Con una votación unánime de 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores respaldaron las modificaciones propuestas por las diputadas Martha Ávila y Gabriela Quiroga, en colaboración con colectivas feministas, que buscan fortalecer las garantías de las mujeres y evitar que aquellos con deudas alimentarias asuman roles públicos.
El dictamen aprobado modifica el artículo 10, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, adicionando una fracción 11 que establece que ninguna persona con antecedentes de violencia o deudas alimentarias podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni registrarse como candidata a cargos de elección popular.
Según lo aprobado, estarán excluidos de postularse aquellos con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, así como delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género.
Una medida válida en los tres niveles
Adicionalmente, la reforma prohíbe postularse a aquellos inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, a menos que demuestren estar al corriente del pago, cancelen la deuda o tramiten el descuento correspondiente.
La medida, que abarca a todos los servidores públicos sin distinción de nivel, será aplicable tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Judicial y los órganos autónomos.
El Artículo 27 también experimenta modificaciones, agregando un nuevo párrafo que insta a establecer mecanismos necesarios para que los partidos políticos garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política de género en sus procedimientos.
Se espera que el dictamen sea presentado ante el Pleno el próximo 23 de noviembre, donde representantes de las colectivas feministas que impulsaron esta iniciativa tendrán la oportunidad de expresar sus argumentos y respaldar esta medida histórica ante el Congreso local.
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Con información de El Universal.
