Diputados aprobaron sin modificaciones la reforma que presentó AMLO a la ley de hidrocarburos. Preven ola de amparos.
A pesar de advertencias sobre inconstitucionalidad, pasa sin filtros al Senado
La Cámara de Diputados aprobaron con 271 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, la reforma a la ley de hidrocarburos que envió el presidente López Obrador y la turnó al Senado sin modificaciones de ningún tipo.
Enrique Ochoa Reza, del PRI, comentó que la reforma producirá combustibles caros y escasez. Además de ser inconstitucional y no contener la negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Por su parte, el panista Justino Eugenio Arriaga Rojas aseguró que la ley es violatoria a derechos constitucionales y tratados internacionales. También indicó que aumenta la incertidumbre para la economía nacional porque amenaza las inversiones.
Su colega de bancada, la diputada Ángeles Anaya lamentó que se tratara de una “expropiación disfrazada” y llamó a los legisladores de Morena “títeres del gobierno”.
Y a todo esto, ¿qué implica esta reforma?
La modificación permitiría que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía tengan la facultad de revocar permisos bajo criterios poco transparentes “cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o para la economía nacional.”, con el claro propósito de que Pemex mantenga su papel preponderante en el sector de hidrocarburos. A la vez que se le otorga a Pemex la capacidad de tomar control de las instalaciones que sean suspendidas para “hacerse cargo de la administración y operación del permisionario”.
Los especialistas advierten una enorme discrecionalidad por parte de Sener y la CRE en la participación de empresas del sector privado para producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad enumera las principales consecuencias negativas de aprobarse en el Senado sin un previa discusión de las implicaciones que tendría en el sector energético.
- Menos competencia económica en la cadena de valor de los hidrocarburos.
- Daño al clima de inversión en el país, al generar incertidumbre jurídica para las empresas.
- Violación a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte.
- Riesgo para las finanzas públicas por el costo de indemnizaciones en caso de una revocación definitiva de permisos privados.
La iniciativa conlleva repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas.”
Esta situación desembocaría en una ola de amparos como ocurrió en con la ley eléctrica promovida por AMLO desde el ejecutivo.
