Diputados del partido mayoritario proponen “expropiar” cuentas inactivas
En un audaz movimiento que ha sacudido el panorama político y social de México, el partido Morena, a través de sus representantes en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco y la legisladora Angélica Cisneros, ha presentado una controversial iniciativa que busca redirigir los fondos de ahorro de los trabajadores mexicanos hacia un nuevo esquema denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este proyecto legislativo propone una reestructuración significativa en la administración de los recursos destinados para el retiro de los trabajadores, con el objetivo de solventar un déficit financiero estimado en 88 mil millones de pesos en las pensiones estatales.
La iniciativa, que ha generado un intenso debate y preocupación entre la población, contempla una serie de reformas a las leyes del IMSS, ISSSTE, e Infonavit, instituyendo una edad límite de 70 años para los trabajadores del IMSS y de 75 años para aquellos del ISSSTE, para reclamar sus ahorros de retiro. Los fondos catalogados como “saldos inactivos”, aquellos que no sean reclamados dentro de estos parámetros, serían automáticamente transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, un mecanismo que según sus promotores, busca asegurar una pensión más robusta para los mexicanos.
Este giro legislativo ha despertado inquietudes sobre la autonomía y seguridad financiera de los trabajadores, cuestionando la legitimidad y ética de una medida que, para algunos, roza con la expropiación de los ahorros personales. Además, la propuesta incluye que aquellos fondos acumulados en el Infonavit también sean transferidos a este nuevo fondo una vez que el trabajador alcance los 70 años de edad.
La iniciativa especifica que, tras la transferencia de estos recursos, los trabajadores o sus beneficiarios podrían solicitar la devolución de sus fondos a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), un proceso que críticos anticipan será complejo y desalentador para muchos.
Este esquema ha sido defendido por sus proponentes como una solución innovadora a la crisis de pensiones que enfrenta México, prometiendo un futuro en el que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario, siempre y cuando este no exceda los 16,000 pesos. Sin embargo, esta promesa viene con una serie de condiciones y cambios legislativos que han encendido el debate sobre la seguridad financiera de los trabajadores mexicanos y el respeto a sus derechos de propiedad sobre sus ahorros.
En el corazón de la propuesta se encuentra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un fideicomiso público que no se consideraría una entidad paraestatal, y que sería administrado por el Banco de México (Banxico) como fiduciario. Este fondo se nutriría, en parte, de los recursos no reclamados de trabajadores mayores de 70 años, además de otros ingresos provenientes de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Finrural).
La propuesta legislativa ha llegado en un momento crucial para México, provocando un amplio debate sobre el equilibrio entre las necesidades fiscales del Estado y la protección de los derechos individuales de los trabajadores. La iniciativa de Morena no solo redefine el panorama de las pensiones en México, sino que también pone a prueba la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en la seguridad de su futuro financiero.
¿Se “expropiarían” los fondos de ahorro?
Es crucial destacar que, a pesar de la polémica generada, la iniciativa propuesta por los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco y Angélica Cisneros, aún no ha cristalizado en una decisión legislativa final. El proyecto se encuentra en las etapas iniciales de discusión dentro del Congreso de la Unión, lo que significa que está sujeto a un análisis profundo, debates, modificaciones y, potencialmente, a la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
En este contexto, es importante recordar que el proceso legislativo mexicano implica una serie de filtros y contrapesos diseñados para asegurar que cualquier cambio en la ley refleje un consenso amplio o, al menos, una mayoría calificada que respalde las modificaciones propuestas.
En el escenario de que la propuesta sea aprobada en sus términos actuales, el gobierno efectivamente procedería a incorporar los fondos de ahorro no reclamados dentro del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto implicaría que aquellos saldos considerados “inactivos” —aquellos que no hayan sido reclamados por los trabajadores del IMSS e ISSSTE al alcanzar las edades de 70 y 75 años, respectivamente— serían transferidos a este nuevo esquema, integrándose así al bloque económico administrado por la administración pública, es decir, el dinero ahorrado se quitaría al trabajador y se incorporaría para llenar “lo boquetes” económicos del Gobierno.
Sin embargo, hasta que este cambio no sea oficializado a través de la aprobación legislativa y la promulgación correspondiente, los fondos de ahorro de los trabajadores mexicanos permanecen seguros y protegidos bajo las regulaciones actuales. La posibilidad de que Morena, o cualquier otra fuerza política, altere este estado de cosas, depende de la dinámica política dentro del Congreso y de la respuesta de la sociedad civil ante la propuesta legislativa.
En este momento de incertidumbre y debate activo, es esencial que los ciudadanos se mantengan informados sobre el progreso de esta iniciativa y participen, en la medida de lo posible, en el diálogo público sobre sus implicaciones. La protección de los ahorros de los trabajadores es un tema de interés nacional que no solo afecta la seguridad financiera individual, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre los derechos de propiedad, la justicia social y el papel del Estado en la gestión de los recursos económicos del país.
