El gobierno de AMLO ha decido destinar más recursos en transferencias que en inversión para construcción de obra pública.
Pese a que la crisis económica por la pandemia de Covid-19 representó una oportunidad para el gobierno federal de destinar mayores recursos para fortalecer obra pública en beneficio de la ciudadanía, la administración de Andrés Manuel López Obrador optó por aumentar el gasto destinado a subsidios y transferencias.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que, en el primer semestre de este año, el gasto en concepto de subsidios y transferencias fue de 463 mil 551 millones de pesos, mientras que la inversión para obra pública directa e indirecta fue de apenas 381 mil 675 millones de pesos. Una diferencia de 81 mil 876 millones de pesos.
Con estas cifras se reafirma una tendencia del Gobierno a priorizar que los recursos paren a esquemas de pensiones del IMSS, aportaciones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), personas de personas adultas mayores, becas, entre otros, que a infraestructura.
En seis meses, el gobierno federal destinó 46 mil 986 millones de pesos para subsanar el faltante en el cobro de tarifas. Al respecto, Enrique Díaz Infante, director de Estudios del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explica que estas decisiones se basan en su “gran rendimiento electoral”.
“Este Gobierno tiene como eje rector las elecciones, entonces, no creo que se revierta esta tendencia”.
Enrique Díaz Infante, director de Estudios del Sector Financiero del CEEY.
Por lo tanto, al mantenerse la inversión física por debajo del nivel recomendable la generación de empleos cae, se incrementa la brecha de desigualdad, hay un menor crecimiento económico, etcétera.
José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que otro de los problemas es que no se cuantifica el impacto de los programas sociales a los que se les destina este presupuesto. Y coincidió en que la inversión física tiene un efecto positivo en la creación de infraestructura como carreteras, puertos, hospitales, el impulso hacia una economía más competitiva y productiva que reduzca los márgenes de pobreza.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) señala en su análisis “La inversión pública y su aporte al crecimiento” que la inversión pública en México se ha reducido gradualmente entre 2009 y 2021 al pasar del 6 a 2.54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En el 2021, de los 4.8 puntos porcentuales que creció la economía, la inversión pública aportó apenas 0.14 puntos cuando en 2018, cuando aportó 5.7 por ciento. La recomendación de expertos es que la inversión física represente el 5 por ciento del PIB, algo que no está pasando en México.
Una solución, dice Díaz Infante es impulsar una reforma laboral que permita obtener mayores ingresos; sin embargo, el costo político es alto, por lo que durante el gobierno de AMLO no es posible que ocurra, menos ante el próximo proceso electoral.
Con información de Reforma.
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