La gestión económica del gobierno actual ha sido objeto de intensa escrutinio, destacando un marcado contraste entre el crecimiento exponencial del endeudamiento y los severos recortes presupuestarios en áreas críticas como salud y seguridad pública. Un análisis exhaustivo presentado por México Evalúa revela una serie de preocupaciones fundamentales que demandan atención urgente.
Mariana Campos, directora de México evalúa expuso que esta administración se ha caracterizado por la militarización del gasto, el abandono de la salud, un mayor endeudamiento y un menor crecimiento de los ingresos públicos, además de que concluirá con un endeudamiento de 2 billones de pesos.
Al cierre del año 2023, el endeudamiento público alcanzó el 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB), marcando un crecimiento alarmante prácticamente al doble del ritmo observado al final del sexenio anterior. Este incremento desmedido se ha visto acompañado por un estancamiento en el crecimiento de los ingresos públicos, lo que proyecta el cierre del sexenio con el peor desempeño económico en comparación con las últimas cuatro administraciones.
Un aspecto particularmente preocupante es la disparidad en el gasto entre los entes militares y los rubros civiles. Mientras que las instituciones castrenses como la Sedena, Marina y Guardia Nacional experimentaron un incremento del 41.5% en su presupuesto, áreas vitales como salud y seguridad pública enfrentaron fuertes recortes. Este desequilibrio ha llevado a que, al cierre del año pasado, los organismos militares ejercieran un 239% más de recursos que los ramos civiles dedicados a la seguridad, marcando un claro sesgo hacia la militarización del gasto.
La falta de ingresos públicos ha exacerbado esta situación, con recortes discretos que comprometen directamente los derechos de la población. La Secretaría de Salud sufrió un recorte del 49.5%, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vio reducido su presupuesto en un 47%. Estas medidas impactan de manera directa en la calidad de vida y seguridad de los ciudadanos.
Además, el informe de México Evalúa señala que los Requerimientos Financieros del Sector Público han alcanzado niveles alarmantes, representando el 4.3% del PIB al cierre de 2023, el doble del endeudamiento observado en el sexenio anterior. El pago de intereses y servicio de la deuda también ha alcanzado niveles históricos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo.
En el ámbito de las empresas públicas, se evidencia un importante deterioro financiero. Ejemplos claros son la caída en los ingresos de Liconsa y del Servicio Postal Mexicano, así como el déficit operativo de la Comisión Federal de Electricidad. Ante este panorama desafiante, se proyecta un futuro incierto para empresas creadas en esta administración, como el Tren Maya, LitioMX, o la nueva Mexicana de Aviación.
En el sector energético, Pemex continúa enfrentando obstáculos significativos. A pesar del aumento en los apoyos fiscales, la producción de crudo sigue sin despegar, siendo menor a la observada en 2018. El informe destaca la necesidad de condicionar los apoyos del Gobierno a Pemex a mejoras en su gobernanza, modelo de negocio y situación financiera.
Ante estos desafíos, México Evalúa formula una serie de recomendaciones cruciales. Se destaca la necesidad de condicionar los apoyos a empresas públicas a mejoras en su gestión y situación financiera, así como la creación de un Consejo Fiscal que evalúe la política fiscal y los impactos presupuestarios. Es fundamental mejorar los mecanismos de control para evitar recortes discrecionales y alinear correctamente el endeudamiento con la inversión productiva del Estado.
En una conferencia de prensa, Sofía Ramirez, directora de México, ¿Cómo vamos?, y Enrique Díaz-Infante, catedrático de la UNAM, se unieron a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en el llamado a la acción para abordar estas preocupaciones y garantizar un futuro económico más sólido y equitativo para México y sus ciudadanos.
La situación económica del país exige medidas urgentes y una revisión profunda de las políticas fiscales y de gasto público. El bienestar y la seguridad de la población deben ser prioritarios en la toma de decisiones gubernamentales, garantizando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección social.
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