¡Dile adiós a tu Afore! Morena aprueba “confiscar” cuentas inactivas

Crean “Fondo de Pensiones para el Bienestar”. Oposición califica la reforma como un asalto a los ahorros.

En una jornada legislativa marcada por el disenso y acusaciones cruzadas, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, junto con sus aliados del PT y PVEM, ha dado luz verde a una reforma que promete cambiar drásticamente el panorama de las pensiones en México, algo que la oposición ha calificado con “un robo”.

La medida aprobada busca implementar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el objetivo de redistribuir hasta 40 mil millones de pesos de cuentas de ahorro para el retiro inactivas de trabajadores mayores de 70 años. Esta decisión ha sido tildada por la oposición de “confiscación” y ha encendido un debate nacional sobre los derechos de los ahorradores y la gestión de fondos de retiro.

Aprobación Entre Controversias y Críticas

Con 252 votos a favor frente a 212 en contra y cuatro abstenciones, la propuesta fue aprobada en medio de un clima de alta tensión. Los diputados de la oposición, especialmente del PAN, PRI, PRD y MC, han expresado su firme rechazo a la iniciativa, describiéndola como un acto de “robo” a los ahorros de los mexicanos más vulnerables. Estos partidos han anunciado que no solo rechazan la medida en el legislativo, sino que también buscarán su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarla inconstitucional.

La Naturaleza y Objetivo del Nuevo Fondo

El Fondo de Pensiones para el Bienestar se presenta como una solución a las deficiencias del actual sistema de pensiones, donde muchos jubilados enfrentan la vejez con ingresos insuficientes. La reforma pretende utilizar los fondos de cuentas inactivas para incrementar las pensiones futuras, asegurando un retiro digno para las nuevas generaciones de trabajadores. Sin embargo, críticos de la medida argumentan que se está penalizando a los ahorradores por la ineficiencia del sistema, sin ofrecer garantías claras de mejora o compensación adecuada.

Reacciones Divididas

Desde el oficialismo, voces como la de Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, defienden fervientemente la reforma. Mier sostiene que este fondo es una medida de justicia social, destinada a transformar un sistema de pensiones que actualmente condena a muchos a la miseria. En contraparte, líderes de la oposición, como Jorge Triana y Margarita Zavala, han centrado su crítica en la legalidad y moralidad de la medida, comparando la reforma con actos de delincuencia, destacando la falta de indemnización que acompaña usualmente a las expropiaciones legítimas.

Impacto Potencial en el Sistema de Afores

Las cuentas inactivas, específicamente aquellas pertenecientes a personas mayores de 70 años, suman entre 3.5 y 4 millones y representan un capital aproximado de 40 mil millones de pesos. La relevancia de estos fondos es significativa, no solo por su volumen sino por el precedente que la reforma podría establecer en términos de manejo gubernamental de ahorros privados. Este punto ha exacerbado el temor entre la población de que sus ahorros puedan ser objeto de futuras expropiaciones bajo nuevas normativas o necesidades fiscales.

Avances Legislativos y Futuro de la Reforma

El dictamen ahora pasa al Senado, donde los legisladores de la 4T han prometido trabajar intensamente para asegurar su aprobación antes del cierre del periodo ordinario de sesiones el 30 de abril. La rapidez con la que se ha movido la iniciativa ha sido motivo de crítica, particularmente por la percepción de que se ha sacrificado el debate profundo y la consideración de alternativas en favor de la urgencia política.

El debate sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar es un claro reflejo de las tensiones y divisiones políticas actuales en México, pero también pone de manifiesto problemas estructurales profundos en el sistema de pensiones. La decisión final sobre esta reforma no solo determinará el destino de miles de millones de pesos de los trabajadores mexicanos, sino que también podría redefinir la confianza pública en cómo se gestionan y protegen los derechos económicos en el país. La comunidad espera que la resolución final equilibre la necesidad de reformar el sistema de pensiones con el respeto irrestricto por los derechos de propiedad y la seguridad jurídica.

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