Diputados y senadores podrían aprobar pronto el dictamen para reducir la jornada laboral a 48 a 40 horas en México, lo que obliga a los empleadores a darles dos días de descanso a la semana.
La Cámara de Diputados podría volver a discutir en septiembre la polémica reforma al artículo 123 constitucional que propone la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, para festejo de los trabajadores y molestia de los patrones. Esto podría mejorar notablemente las condiciones de trabajo de los empleos en el país, ya que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con el mayor promedio de horas trabajadas entre sus 38 países miembros.
El Artículo 123 de la Constitución establece que, por cada seis días de trabajo, los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y trabajadores en general deben disfrutar de un día de descanso obligatorio y que la jornada laboral máxima es de ocho horas diarias. Por lo tanto, al buscar reducir la jornada de trabajo de esas 48 a 40 horas a la semana, todos los trabajadores del país podrían gozar de dos días de descanso obligatorios a la semana.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 25 de abril un dictamen en materia de jornada laboral y días de descanso para modificar el artículo 123 y hacer obligatorio que haya dos días de descanso por cada cinco de trabajo. Sin embargo, los legisladores no dieron seguimiento a la discusión en ningún momento hasta concluyó el periodo de sesiones sin haberla abordado.
Hasta el momento, la iniciativa no ha sido aprobada, por lo que no hay una fecha posible para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México. El dictamen se aprobó en abril de este año, pero los diputados no la discutieron en el pleno durante todo el periodo de sesiones.
Ignacio Mier, líder morenista en San Lázaro, señaló que este ajuste en la jornada de los trabajadores mexicanos no se discutió por falta de tiempo. En este sentido, puntualizó que, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere del respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados. Se prevé que este mes de septiembre la Comisión de Puntos Constitucionales retome la iniciativa.
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Con información de Expansión Política
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