Especialistas en materia educativa denuncian que la medida del gobierno de López Obrador de eliminar las Escuelas de Tiempo Completo y entregar los recursos directamente a los padres de familia tiene fines clientelares.
Alumnos, los más afectados
Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que los beneficios de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) continuarían como parte de la estrategia de La Escuela es Nuestra (LEEN). Según la SEP, al entregar los apoyos directos se evita que haya corrupción y prácticas irregulares por parte de intermediarios.
Así, la idea de las autoridades educativas es otorgar de manera directa los recursos a los comités de padres y madres de familia, en lugar de brindar los apoyos de alimentación y horario ampliado de forma institucional. En pocas palabras: gracias a la decisión de la 4T y la SEP, ya ninguno de estos servicios está garantizado para quienes más lo necesitan.
Esta decisión pone en riesgo de sufrir hambre, desnutrición, abandono o deserción escolar a millones de niñas, niños y adolescentes, pues para los padres de familia no es obligatorio utilizar ese dinero para para proveerlos de alimentos ni para su atención en un horario extendido por parte de la escuela. Ellos pueden decidir usarlo para brindar un desayuno a los pequeños o para pintar una barda de las instalaciones escolares.
Decisión política y clientelar
Para Arcelia Martínez Bordón, académica del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, eexiste un trasfondo político en la decisión del gobierno de entregar de forma directa los recursos a los comités de padres de familia y eliminar los servicios que brindaban más de 25 mil escuelas públicas a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes. Además, este ajuste no resuelve los problemas relacionados con las brechas de aprendizaje ni apoya a las familias para que los adultos puedan trabajar mientas los niños permanecen en un lugar seguro.
“Darle el dinero a las familias en lugar de a las escuelas no resuelve el problema de aprendizaje. Para ello se requiere de programas enfocados en atender rezagos y en mejorar la calidad de la oferta educativa. El pretexto es mejorar la infraestructura, pero hay otras cosas urgentes que se están dejando. Es una decisión de alta rentabilidad política y que denota un desprecio por la evidencia”.
Jacqueline Peschard, extitular del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (ahora Inai), señala que la entrega directa de los recursos tergiversa la esencia del programa y requiere de lineamientos que permitan vigilar cómo se canalizarán los recursos y cuánto será asignado a cada padre de familia.
“Lo que se está haciendo es cambiar un programa de política pública de una institución educativa, por una beca o un recurso que se entregará directamente a los padres de familia, sin que haya ningún tipo de estructura institucional que asegure que ese dinero sirva para que haya una mejor educación para la niñez y que no exista abandono escolar (…) tiene un sentido más de relación clientelar que de política pública”.
Con información de El Universal
