En planteles de distintos estados del país, estudiantes reportan deficiencias como falta de clases, profesores y aulas.
Alumnos de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) reportan diversas deficiencias administrativas y académicas de la institución. Entre ellas, la falta de docentes y salones para tomar clases, inexistencia de convenios para la realización de prácticas profesionales y tiempos prolongados de espera para recibir sus títulos.
Las UBBJ son un proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la demanda de educación superior; sin embargo, el único beneficio consistente del que gozan los jóvenes matriculados es la beca de 2 mil 400 pesos mensuales.
Por ejemplo, en el plantel de Juan R. Escudero, ubicado en el estado de Guerrero y el más grande de los 145 planteles inaugurados en lo que va del sexenio, la comunidad estudiantil de nuevo ingreso de la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria no ha iniciado el ciclo escolar por falta de docentes.
En total, el gobierno federal reporta 23 sedes universitarias sin terreno para sus planteles y al menos 14 en obra negra. Es el caso de 240 alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración Agropecuaria del plantel de Tlahualilo, Durango, cuya sede es un terreno baldío al que se le asignaron 6 millones de pesos. Así como en Tlalpan, donde no se cuenta con salones pese a que el lugar recibió un presupuesto de 12 millones 468 mil pesos para la construcción de las aulas.
Desde 2019, las UBBJ han recibido 4 mil 19 millones de pesos para su operación. En el proyecto del PEF 2023 se prevé un incremento a su presupuesto de 37 %, al pasar de mil 75 millones a mil 476 millones de pesos.
Aunado a ello, no existe información actualizada y congruente de la matrícula. En la página oficial se contabilizan 37 mil 585 alumnos hasta el semestre pasado, mientras que en agosto de este año Raquel Sosa, coordinadora de las UBBJ, afirmó que eran 64 mil estudiantes y mil 733 maestros.
Otra de las quejas es que las y los egresados han tenido que esperar cerca de dos años para recibir sus títulos. Documentos que solo llevan la firma de Raquel Sosa y que no tienen los sellos de seguridad correspondientes que validan los estudios.
Además, algunos tienen errores ortográficos. Stephanie Arriaga Casillas, egresada de la sede en Cuauhtémoc, recibió su título, pero con otro apellido: Castillas.
“Creo que ha habido un doble engaño: a los estudiantes por ofertarles la posibilidad de obtener una licenciatura y no entregarles documentos con validez oficial, y a los docentes por ofrecerles un trabajo con las prestaciones de Ley”.
Silvia Arévalo, exprofesora.
Con información de El Heraldo Aguascalientes.
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