Claroscuros en el combate a la corrupción

Autor: Alfredo González

“México escala ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019”.

Con esa noticia, dada a conocer el miércoles pasado, anunció el gobierno federal que la política anticorrupción de la 4T ha rendido buenos frutos.

Y a las pruebas se remiten:

En el último año, la Función Pública abrió 23 mil carpetas de investigación contra servidores públicos, de las cuales 9 mil ya fueron resueltas.

Del 1 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2020, se aplicaron 3 mil 847 sanciones: mil 223 inhabilitaciones, 202 destituciones, 305 sanciones económicas, 627 amonestaciones privadas, 713 amonestaciones públicas y 777 suspensiones. En el caso de licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal, 187 empresas fueron sancionadas, con multas que llegaron a mil 432 mdp; 25 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Todos estos datos corresponden al último corte de caja de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, lo cual hace ver que desde el inicio de esta administración no han dejado de trabajar.

El combate a las malas prácticas administrativas y actos de corrupción son permanentes, me dijo hace unas semanas la propia funcionaria, cuya dependencia respondió con los datos arriba mencionados al último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción, dado a conocer por Transparencia Internacional.

Lo que también dice este reporte es que México detuvo su caída, porque en 2019 obtuvo una calificación de 29 puntos (en una escala donde cero es mayor percepción y 100 es menor percepción de corrupción), y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados.

Eso quiere decir que en un año mejoró un punto y con ello frenó la caída sistemática que empezó en 2015, pero para regresar a los niveles de 2014 tendríamos que mejorar seis puntos más. En pocas palabras, se percibe de forma muy moderada que la 4T “avanza” en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, más allá de las sanciones a funcionarios y empresas transas que quieren hacer negocios con el gobierno, nada de lo robado ha regresado a las arcas de la nación.

Eduardo Bohórquez, director del Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional, lo resumió así: “Ya no es suficiente con sancionar a las personas, peces gordos o flacos; ya no es suficiente con encontrar chivos expiatorios”.

Lo que falta es desmantelar redes de corrupción y recuperar los bienes robados, como ocurre en otros países. En Angola, por ejemplo, en una sola operación contra la corrupción se recuperaron 5 mil millones de dólares.

Si de verdad queremos ver resultados, tenemos que ponernos metas para recuperar dinero robado mediante operaciones que vinculan actos de corrupción. Este es el desafío. Cuando tengamos ese dinero en la hacienda pública, ahí sí, podremos hablar de resultados positivos.