CNDH en modo cuarentena

Maite Azuela

Desde que inició la crisis por el covid-19 en México, distintas voces han puesto sobre la mesa distintas problemáticas por las que atraviesan algunas instituciones de salud y que pueden poner en riesgo que el derecho a la salud de la población esté garantizado.

En este sentido, la ciudadanía ha denunciado falta de medicamentos, la insuficiencia de equipo médico como respiradores, falta de espacios en los hospitales, falta de protocolos en la atención al covid-19, falta de insumos esenciales en hospitales, maltrato y desabasto de equipo médico para el personal de salud, etc.

Durante el último mes, el anuncio de medidas para “reactivar la economía” por parte del Presidente también han sido cuestionadas por tener vicios de violación al principio de progresividad de los derechos, por ejemplo, la reducción de salarios de funcionarios de alto nivel o la reducción de sus prestaciones.

La falta de certeza jurídica en materia de derecho laboral que tienen las y los trabajadores derivada del anuncio de medidas por la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, se suma a las viñetas de incertidumbre. Ante la abstracción de la medida, no hay claridad de hasta qué punto el derecho del trabajo de los empleadas y empleados es violentado o no por las decisiones de sus patrones. Quedan desamparadas jurídica y económicamente ambas partes.

Si alguna institución puede ofrecer luz en medio de esta penumbra, es justamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero se ha instalado, antes incluso de la pandemia, en un estado vegetativo que alarma. El actuar del sistema ombudsman durante la pandemia se ha limitado a la publicación de una medida cautelar al Instituto Nacional de Migración, en medio de un puño de comunicados timoratos.

El pasado martes 28 de abril, la CNDH publicó un reporte general sobre sus actividades en el marco del covid-19. Destaca que se continúan recibiendo quejas relacionadas a la atención médica, el monitoreo de los contagios en los centros penitenciarios y el seguimiento a las quejas relacionadas a temas de migración. La recepción de quejas se plantea como su logro presumible.

La figura del ombudsperson radica en la legitimidad y la presencia pública, pero claramente aquí lo que menos vemos es que aparezcan en escena. Si hay un sector de la población demandando falta de insumos médicos, ¿dónde está la CNDH para verificar que esa demanda sea legítima y emitir, en su caso, medidas cautelares para que se garanticen los insumos prioritarios para proteger el derecho a la salud y a la vida del personal de salud?

El silencio también se instaló en las comisiones estatales de derechos humanos. ¿Dónde está la comisión estatal de Jalisco poniendo un freno al gobernador Alfaro cuando habla de utilizar la fuerza pública para garantizar que la gente se quede en su casa? El déficit institucional de la CNDH no se va a suplir con los comunicados. En un ambiente político tan hostil e incierto como el de ahora es ineludible la presencia de la institución defensora de los derechos humanos ¿Acaso ha claudicado?