Viene otra vez a la agenda nacional un tema que pondrá una nueva prueba al criterio y la autonomía del Poder Judicial de la Federación con la esperanza de que los juzgadores reviertan los efectos nocivos de un verdadero atentado contra las energías renovables, la inversión de capitales privados y la generación de empleos en el sector energético.
Sin mandarse sola y de la mano de Manuel Bartlett, Rocío Nahle lleva a México a un modelo de la época de la Guerra Fría, que nos presenta ante el mundo como un país promotor de la energía sucia en la era del cambio climático, aunque la 4T tenga otros datos que se oponen a criterios de la Unión Europea, Canadá y Japón.
Vuelven a retar nuestra capacidad de asombro con un nuevo absurdo que podría tener un impacto de 6 mil 400 millones de dólares en inversión privada, comprometer más de 70 mil empleos y violentar los compromisos ambientales firmados por el Estado mexicano en el Acuerdo Climático de París.
La llamada Nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, es un plan ideológico de la Secretaría de Energía que significa regresar a una política estatista, cuando ya existe una participación importante del sector privado que inyecta inversiones sin comprometer nuestra soberanía energética.
El lunes, en el juzgado Primero Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica con sede en la CDMX, se concedieron dos suspensiones provisionales contra el Acuerdo, ese mismo órgano jurisdiccional tiene en proceso otros amparos. Para el miércoles, ya sumaban 23 suspensiones contra el delirante esquema de Nahle. Mañana, Rodrigo de la Peza decidirá si otorga suspensiones definitivas para proteger los derechos de las empresas en tanto se resuelven los amparos.
El Acuerdo afecta a 26 plantas solares y 18 parques eólicos operados por grupos europeos y canadienses. El director del CENACE tendrá que explicar lo que va contra el sentido común y es insostenible jurídicamente.
A confesión del hecho, relevo de prueba. Las declaraciones del Presidente reconocen que sus decisiones se inspiran en la política de Adolfo López Mateos de 1960 para “poner orden y acabar con la corrupción”. Es decir, vamos 60 años hacia atrás, cuando el mundo ya cambió.
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