Al menos cinco veces, dice la fiscalía de Nueva York, Genaro García Luna participó en el envío de cocaína del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Las primeras dos habrían ocurrido en agosto y mayo de 2002. Una más fue en enero de 2003 y las últimas, en marzo y octubre de 2007.
¿Por qué son relevantes estas fechas? Porque es lo más concreto que las autoridades han divulgado hasta ahora de las 60 mil páginas de prueba que pretenden usar en un juicio contra Genaro.
El caso del exsecretario de Seguridad Pública no es ya —como han repetido sus defensores— solo la judicialización absurda del dicho del Rey Zambada, cuando declaró en el juicio del Chapo Guzmán que pagó sobornos a García Luna.
Ahora, la fiscalía pretende convencer con hechos precisos, cantidades específicas de cocaína que se trasladó, y jurisdicciones judiciales, Nueva York y Chicago, donde se habría distribuido. Incluyeron todo esto en una ampliación de la causa penal, radicada ayer en el juzgado de Brooklyn.
García Luna participó, dice el documento hecho público por la corte, en una organización criminal en la que tenía como cómplices —esto también es nuevo— a Ramón Pequeño y a Luis Cárdenas Palomino, dos de los policías más temidos de su grupo más cercano. Pequeño y Cárdenas hoy son fugitivos, me dijo el vocero de la corte en una entrevista para Univision.
La ampliación de la causa incluye otros dos datos que no estuvieron en los primeros documentos públicos del caso, de diciembre de 2019: como parte de su “continua colaboración” como empleado del cártel de Sinaloa, García Luna habría colocado policías en posiciones clave para beneficiarlo, detuvo a sus rivales y les aseguró un “paso seguro” de la droga. Un colaborador bastante eficiente, pinta la fiscalía.
Hay otra novedad que complica aún más el panorama político del caso. En la primera acusación se decía que Genaro comenzó a trabajar para Sinaloa en 2005, esto es, casi al final de la administración de Vicente Fox. Ahora, en la causa ampliada la fiscalía dice que fue desde 2001.
La colaboración habría ocurrido entonces durante todo el sexenio de Vicente Fox y todo el de Felipe Calderón. Dos sexenios en los que México se agudizó la guerra, una guerra que aún no acaba y que sigue dejando más de 35 mil muertos cada año en este país.
En esos años, los sobornados habrían recibido millones de dólares. Las ganancias de la venta de droga se habrían lavado en Estados Unidos. ¿Cómo se movió el dinero, quién más participó? Aún no lo sabemos. “En el cartel de García Luna faltan más”, me escribe el excomisario policiaco Javier Herrera Valles, que denunció a García Luna en 2008 y fue apresado poco después, con cargos falsos.
¿Por qué es relevante que hayan acusado ahora a Cárdenas Palomino y a Pequeño, y a Iván Reyes Arzate, otro mando policiaco de Genaro, hace unos meses? Porque la hipótesis de una conspiración, una empresa criminal organizada, necesita una operación coordinada, no solamente la historia de un hombre que habría ido a un restaurante a recibir una maleta de dólares.
“Es toda una red de complicidades desde que estaban en la AFI, con el apoyo del Presidente Fox (…) con Calderón fue el descaro absoluto al ampliar sus negocios de lleno al narcotráfico y declarar la guerra a la delincuencia organizada, que no fue otra cosa que declarar la guerra a los carteles contrarios al de él”, dice Herrera Valles.
En los años cuando supuestamente colaboraban con Sinaloa, es cierto, ese fue el cártel menos golpeado en México. Eran los mismos años cuando estos hombres, ahora señalados como “traidores a su misión” como servidores públicos, aparecían en la televisión, daban encendidos discursos sobre la valentía para combatir en su guerra.
Si el caso llega a juicio y se confirma que en efecto no eran valientes policías sino obedientes empleados del cartel de Sinaloa, entonces sabremos que tantos han muerto en una guerra falsa, donde no había dos bandos enfrentados, sino un objetivo común: que la droga llegara donde tenía que llegar.
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