Autor: Raúl Rodríguez Cortés
El Senado iniciará el próximo miércoles el debate a parlamento abierto de las reformas a la subcontratación laboral (outsourcing) propuestas el 23 de octubre pasado por el líder minero y hoy senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.
Su iniciativa generó gran inquietud, si no es que abierto rechazo, entre las seis mil empresas del giro que subcontratan a 7.6 millones de trabajadores, sobre todo por la intención de considerar delincuencia organizada a las que violen la reglamentación del outsourcing.
Napito, quien heredó de su padre Napoleón Gómez Sada la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMM), huyó a Canadá en 2006, luego de ser acusado por un grupo de sus representados de desviar 55 millones de dólares de un fideicomiso creado para pagar indemnizaciones a mineros de la empresa Cananea.
Desde Vancouver trató de manejar su agrupación hasta 2018 (año en el que regresó a México con el visto bueno del gobierno de la 4T, para obtener un escaño en el Senado), sin que pudiera frenar del todo la desbandada en la organización gremial.
Para recuperar representatividad ha enarbolado la bandera de adalid de la clase trabajadora con iniciativas como la de la subcontratación laboral, mecanismo que, como se sabe, no otorga prestaciones a quienes así se emplean.
Pero el propio “Napito” —según denuncian líderes de otros sindicatos de mineros— se ha convertido en empresario y beneficiario del “outsourcing”; y su verdadero objetivo —añaden— es quedarse con una buena tajada del negocio.
Es en ese contexto en el que ha puesto en marcha una estrategia para fortalecer la representatividad de su central obrera, la Confederación Internacional de Trabajadores, con la que controlaría una masa de obreros a la que, mediante su empresa o empresas de outsourcing, ofrecería la opción de la subcontratación.
Esto ha desatado una descarnada disputa por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo con las diez agrupaciones que conforman la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México (UNASIM) que agrupa a unos 100 mil obreros.
Gómez Urrutia argumenta tener 200 mil, pero sus opositores aseguran que se trata de una cifra deliberadamente inflada que incluye a mineros de Estados Unidos y Canadá que no tienen nada que ver con México. Tan solo entre 2016 y 2017, el sindicato minero de Napito perdió tres recuentos sindicales y tras ellos a unos ocho mil trabajadores.
Por eso Gómez Urrutia ha intensificado sus vínculos con una organización estadounidense llamada Grupo Poder, que encabeza en México, Benjamín Cokelet, y en EUA el líder minero Richard Trumka. Grupo Poder, encubierto con la piel de una ONG, promueve conflictos mineros para asumirse frente a ellos como defensor de trabajadores a los que invita a afiliarse al sindicato de Napito.
Entre los integrantes de la UNASIM está el Sindicato Nacional Democrático Minero, que con 14 mil trabajadores lidera Ismael Leija Escalante, y cuya existencia fue reconocida por la Suprema Corte a finales de enero pasado al ampararlos contra una demanda de desconocimiento interpuesta por Gómez Urrutia.
Tal es el doble juego de Napito
