La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, ya generó estragos en el gabinete presidencial y en el círculo más cercano al primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
No son especulaciones, rumores o chismes de radio pasillo. Todas, o casi todas las desavenencias, han sido del dominio público y, algunas de ellas, exhibidas por el propio Presidente.
Ocurrió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, a quien su jefe contradijo públicamente con las cifras sobre la violencia de género. A principios de abril, la ministra informó que las agresiones contra mujeres habían aumentado 60 por ciento durante el confinamiento.
Sin embargo, en tres ocasiones, el jefe del Ejecutivo desestimó los reportes, así como las denuncias de organizaciones civiles que habían alertado sobre el fenómeno.
Hace unos días aseguró que 90 por ciento de las llamadas de auxilio eran falsas. Es más, llegó a externar que con el confinamiento había mejorado la unión familiar.
Un día antes, Sánchez Cordero declaró todo lo contrario en una videoconferencia con alcaldes y legisladores.
Esta contradicción, me dice un funcionario de Palacio Nacional, tiene muy molesta a la titular de la Segob, pero también al Presidente, porque insistir en el tema no ayuda en el manejo de la crisis sanitaria.
Pero no es el único episodio de disgustos. Otro fue provocado por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez, con su iniciativa para modificar las reglas de operación del Inegi.
Más que el contenido es sí mismo, lo que molestó a AMLO fue que no se haya consensuado en el Congreso, por lo que el primero que salió a desactivar la bomba fue el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, secundado por el mandatario un día después.
A este desaguisado hay que añadirle las “discusiones” en el gabinete por otros temas, como la conclusión y el inicio del ciclo escolar o la aplicación masiva de pruebas contra el COVID-19. En el primero, la indefinición de las autoridades sanitarias dejó con las manos atadas al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, mientras que en el segundo caso, no prosperó una propuesta del canciller Marcelo Ebrard para masificar la aplicación de test contra coronavirus.
Otro asunto que también generó molestia fue el incumplimiento del Conacyt y su directora, María Elena Álvarez-Buylla, en la entrega de 700 ventiladores destinados a pacientes afectados por el SARS-CoV-2. Llegó con las manos vacías el 15 de mayo, fecha que se comprometió para la entrega. A estos asuntos hay que sumarle la ola de rumores sobre posibles renuncias, cosa que nadie desmiente de manera formal.
Por lo pronto, la próxima semana hay reunión de gabinete y se espera que se desahoguen varios pendientes. Aunque me adelantan que las prioridades del Presidente están en los proyectos de refinación, el turismo y la supervisión de obras. Es decir, cada quien con sus temas.
