El gobierno tira la toalla

Durante el periodo de transición y en los meses iniciales de la actual administración federal, el equipo gobernante desbordaba optimismo.

En una entrevista concedida cuatro meses antes de asumir el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo señaló que “dentro de tres años, [se] estima que los niveles de violencia serán los de un país de la OCDE.” En su momento, algunos señalamos que eso implicaba una disminución de 85% en el número de homicidios, algo francamente improbable en un periodo tan corto. Pero al menos era de celebrar que el nuevo equipo llegase al gobierno con metas ambiciosas.

Eso era entonces. Hoy, dos años después, la realidad le ha cortado las alas a la ambición. El gobierno de López Obrador ya no se propone mejorar significativamente las condiciones de seguridad. A lo mucho, busca que la situación no empeore de más.

Eso lo podemos saber por las metas que el propio gobierno estableció en el recién publicado Programa Sectorial de Seguridad y Protección 2020-2024. El documento no es malo y tiene algunas propuestas atendibles. Representa ciertamente una mejoría considerable con respecto al Plan Nacional de Paz y Seguridad, un esperpento dedicado a todo menos a la seguridad e imposible de traducir en política pública.

Su parte más interesante viene al final, en la definición de indicadores y metas. Como bien apuntó Guillermo Valdés en un artículo publicado esta semana, es realmente notable la falta de ambición de los redactores del documento.

Por ejemplo, se propone reducir la incidencia delictiva nacional (medida por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, ENVIPE) de 37,807 a 33,3219 delitos por 100 mil habitantes entre 2018 y 2024. Eso implica una disminución de 12% en términos relativos. Pero si se considera que la población probablemente crecerá 8% en ese mismo periodo, la disminución buscada del número de delitos sería de menos de 1% por año.

Otra meta es reducir la prevalencia delictiva de 28,269 a 28,200 víctimas por 100 mil habitantes en el mismo periodo. Eso se traduce en una disminución de 0.002% en todo el sexenio. Considerando de nuevo el incremento poblacional, el gobierno se está planteando como meta un aumento nada trivial (como de dos millones) en el número de víctimas de delito.

Por otra parte, la SSPC se fija como aspiración un incremento en el porcentaje de la población que considera efectivo el desempeño de la Guardia Nacional ¿De qué tamaño es el incremento deseado? De cuatro puntos porcentuales (de 71 a 75%) entre 2020 y 2024. Es decir, un punto porcentual por año en promedio, algo que cae dentro del margen de error.

Otra meta es reducir el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe inseguridad en su municipio o demarcación territorial. De 70.5 a 64% entre 2018 y 2024, para ser precisos. Dicho de otro modo, la SSPC se ha planteado regresar la percepción de inseguridad al nivel que prevalecía en 2014 (el año de Iguala) y seis puntos por encima del nivel de 2012.

¿Y qué hay del homicidio? ¿Cuál es la meta? No hay. El gobierno no se pone como propósito la reducción de los homicidios, ya sea en términos absolutos o relativos.

En conclusión, es bueno que se hayan abandonado los objetivos descabellados de inicio de sexenio. Pero hay una diferencia entre el realismo y el fatalismo, entre la lucidez y el abandono. Lo que pinta este documento es un gobierno sin más ambición que administrar la crisis de seguridad. Un gobierno que tiró la toalla antes de cumplir dos años.