El combate a la corrupción y a la impunidad es el principio fundamental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos en el discurso. Sin embargo esta práctica no ha sido muy castigada penalmente en el actual sexenio, se reporta en documentos de transparencia.
Más allá de emitir constantes acusaciones y juicios desde Palacio Nacional y las plazas públicas, las autoridades no han podido materializar el mensaje que el primer mandatario ha dado desde su campaña hasta hoy.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, sólo ha logrado que se judicialice el 0.7 por ciento, de las investigaciones que ha iniciado desde su creación, en marzo de 2019, a marzo de 2020.
Un informe de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de la República, reveló que en ese periodo, la fiscalía especializada abrió 944 carpetas de investigación por casos relacionados con corrupción.
De estas indagatorias, obtuvo apenas siete vinculaciones a proceso y ninguna sentencia. Los delitos más investigados por la fiscalía anticorrupción fueron los siguientes:
• Peculado 313 (33%)
• Uso ilícito de atribuciones y facultades 136 (14.4%)
• Ejercicio ilícito del servicio público 129 (13.6%)
• Enriquecimiento ilícito 93 (9.8%)
• Abuso de autoridad 69 (7.3%)
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