La cuarentena del delito

En marzo, cuando iniciaba la contingencia sanitaria, reflexionaba en este mismo espacio sobre el impacto de la pandemia en los padrones delictivos: “La amenaza del coronavirus está gradualmente alterando nuestra vida cotidiana. Nos está obligando a pasar más tiempo en casa, a evitar lugares altamente concurridos, a modificar nuestros patrones de intercambio, trabajo y ocio.

¿Esa transformación se traducirá en una reducción de la actividad delictiva? ¿Podríamos ver en las próximas semanas una caída significativa en el número de delitos?”. Pues ya hay datos y podemos aproximar una respuesta.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se abrieron en abril 111,547 carpetas de investigación del fuero común. Ajustando por el número de días, eso implica una disminución de 32% en el volumen de carpetas con respecto a marzo. Asimismo, equivale a una caída de 34% comparado con el mismo mes del año pasado.

De hecho, como señalaba Arturo Ángel en una nota publicada en Animal Político, hay que regresar a enero de 2004 para encontrar un total mensual inferior al registrado el mes pasado.

¿Y qué fue lo que disminuyó? Mayormente, las denuncias de delitos patrimoniales. Las carpetas de investigación por el delito de robo disminuyeron 41% contra el mismo mes del año anterior. Las denuncias por robo a transeúnte en vía pública se redujeron 54% con respecto a abril de 2019. Por su parte, el robo en transporte público colectivo cayó 70% en la misma comparación. Estos números no sorprenden. La imposición de medidas de distancia social, el cierre de una parte considerable de la actividad económica y la reducción de la movilidad de las personas, particularmente en zonas urbanas, tienen como resultado una reducción de oportunidades de cometer delitos. Si hay menos personas circulando por la calle, hay menos robo a transeúntes. Así de sencillo.

Sin embargo, es probable que haya aquí un segundo efecto y que las cifras reflejen no solo una caída en el número de delitos, sino también una disminución en el número de denuncias. Ante el riesgo de un posible contagio, es muy posible que mucha gente (aún más que en condiciones normales) haya decidido no acudir a una agencia del Ministerio Público a presentar una denuncia o no regresar para ratificarla. También es posible que, en muchas entidades federativas, las fiscalías estén operando a medio gas, con menos personal que de costumbre o con menos oficinas abiertas. Y añádase a lo anterior las dificultades para el traslado de muchas víctimas en ciudades con transporte público restringido.

De hecho, es posible que este segundo efecto haya sido altamente significativo. En el robo de coche de cuatro ruedas, un delito donde la cifra negra es mucho más baja debido a la existencia de seguros, la disminución fue de apenas 18%. Es decir, donde había un incentivo a hacer la denuncia, a pesar de las dificultades creadas por la pandemia, la caída fue mucho más moderada.

Si esta teoría es correcta, lo ganado este mes se va a perder muy rápido. Conforme se normalice la vida y con ello las condiciones para hacer denuncias, el número de carpetas de investigación va a regresar a su línea de tendencia.

Pero esto tal vez deja un aprendizaje: si algo que dificulta en el margen la presentación de denuncias tiene un efecto tan importante en la incidencia reportada, ¿no podría haber algo que produzca un efecto en sentido contrario? Por ejemplo, ¿permitir que, en todo el país, sea la policía y no el MP, la ventanilla para la recepción de denuncias? Lo dejo para la reflexión.