Las olvidadas del caso Harfuch

Gabriela Gómez tenía 26 años, dos hijas, un esposo, era huérfana de madre y vivía de vender antojitos mexicanos afuera del metro Auditorio. Conocía poco la Ciudad de México. Casi siempre, su semana se le iba entre la compra de ingredientes, la preparación de los guisados y el ir y venir entre el puesto de comida y su casa en Jalatlaco, una comunidad humilde en el Estado de México.

El puesto es el sustento de la familia. No tienen dinero suficiente para rentar varios espacios. Deben pagar todos los días por el uso del local y todas las semanas a la líder de ambulantes por el permiso para vender allí. Tampoco pueden trasladar más ingredientes. Los hermanos se unieron para comprar un solo auto. Se turnan los días para que todos puedan vivir del puesto.

Gabriela venía los viernes, con su esposo José, su cuñada, Betsaida y su hermana Tania. Los jueves, mientras ya se agitaba en la faena de tener todo listo, solía comer con su hermana Rosa, la mayor de todos, que hizo las veces de madre desde hace más de una década, cuando perdieron a la suya.

Rosa habla durante más de una hora de los detalles de ese día, y se quiebra cuando se acuerda de que ese jueves, 25 de junio, comió con Gaby por última vez. En la madrugada del viernes, Gaby se levantó a las tres, molió las salsas, alistó la masa, subió al carro y se encaminaron hacia la capital.

Les faltaban 10 minutos para llegar al puesto cuando los asaltó la balacera. Le dijo a su marido que frenara, se acurrucó sobre su regazo y se quedó allí, en silencio, hasta que unos minutos más tarde descubrieron que había sido asesinada, por un disparo en la cabeza. Su hermana Tania resultó herida de tres disparos, igual que la víctima más famosa de esa mañana, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch.

En los siguientes 40 minutos —cuentan Rosa y su hermano David— el cuerpo de Gaby quedó sobre el pavimento, sin que nadie lo revisara. Tania tampoco recibió atención médica de inmediato. Tres ambulancias se aprestaron a trasladar al jefe de policía a un hospital privado. A Tania, la dejaron en la Cruz Roja y horas después, aún con las esquirlas en su brazo, le dijeron que podía marcharse.

Rosa, David y otros familiares se enteraron por un reportero que, en efecto, su hermana Gaby estaba muerta. Después peregrinaron horas hasta tener informes. Unos días más tarde, llevaron de emergencia a Tania a una clínica. Su brazo estaba infectándose, dice Rosa, teníamos miedo de que lo perdiera. La operaron de inmediato, después de regañarlos por no haberla atendido antes.

Han pasado cuatro semanas desde que Gabriela murió asesinada, en un ataque del narco contra un jefe policiaco, cuando iba camino a su trabajo. Su familia, deshecha, cuenta que en el gobierno de la ciudad les dieron “algunos apoyos” pero ellos se sienten olvidados, desechables en medio de una noticia que cimbró a México.

La comisión de víctimas capitalina, dice Rosa, les ha dado 16 mil pesos para Tania, la mayor parte en efectivo, sin protocolos, y pagaron su hospital “porque les llamé para que respondieran”. El comisionado ejecutivo para las víctimas, Armando Ocampo, afirma que están recibiendo una “ayuda integral”, que están acatando “estrictamente la ley de víctimas” y que las hijas de Gabriela recibirán becas para que estudien hasta que sean mayores de edad.

En las próximas semanas, la familia de Gabriela sabrá si tendrán alguna reparación del daño. “Pero ningún dinero me va a devolver a mi hermana ni el dolor que estamos pasando”, dice Rosa.

Los días han calmado las cosas en Jalatlaco, pero escucharlos contar cómo tuvieron que arreglar por su cuenta el coche donde trabajan y quedó baleado, o que pregunten a qué tienen derecho y relaten todas las veces en que sienten que los han tratado como víctimas “de segunda”, me ha hecho pensar que sí, en México no todas las víctimas son iguales, a los ojos de la autoridad, en los momentos decisivos. No debe ser así. A todos nos corresponde que no lo sea.