A Jaime Bonilla Valdez nada lo detiene. Ha de creer que porque tiene mayoría en el Congreso local de Baja California puede hacer lo que se le da la gana.
Sin preocupación lo tiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo haya reconvenido por cometer un “fraude post-electoral” cuando, con la primera ley bautizada con su nombre, quiso extender a cinco años un mandato que las urnas le habían conferido por tres años.
La exhibida fue grande. Arturo Zaldívar consideró que esa pretensión era “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático.” Luego el titular del Poder Judicial de la Federación arremetió contra la legislatura local argumentando que “el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco.”
Pues de nuevo, ese mismo Congreso, —bajo las órdenes arbitrarias de Jaime Bonilla— se prepara para saltarse otra vez las trancas democráticas.
De acuerdo con la ley vigente el siguiente mandato de gobernador de Baja California debería comenzar el primero de noviembre de 2021 y concluir el 31 de agosto de 2027. Sin embargo, una iniciativa de ley presentada el lunes de la semana pasada propone que la próxima gubernatura concluya en 2024.
Circuló en redes sociales un oficio mediante el cual se presentó esta iniciativa en la oficialía de partes del Congreso local y ese presunto documento lleva las firmas de Bonilla y también del secretario general de Gobierno de la entidad, Amador Rodríguez Lozano.
Quien también confirmó que esta operación política está en curso fue la líder local de los diputados del partido Morena, Montserrat Caballero, quien después de reunirse con el gobernador declaró sin ambages: “buscamos que la siguiente gubernatura sea de tres años para empatar (con) las elecciones del 2024.”
Teme la oposición que el objetivo detrás de este movimiento sea permitir que Jaime Bonilla vuelva a presentarse en las elecciones estatales de 2024. Aunque la reelección no está permitida en México para el cargo de gobernador, dada la desfachatez previa de este mandatario tal hipótesis no habría de ser descartada.
Durante el episodio anterior Bonilla pudo hacer como quiso porque tiene mayoría de 13 diputados en el poder legislativo bajacaliforniano. Para lograr este otro golpe sumaría probablemente a dos legisladores del Partido del Trabajo, a uno del Partido Verde y quizá también a los diputados independientes.
En cambio, la oposición solo tiene seis curules para parar la Ley Bonilla II. Si bien PRI, PAN, MC PRD y el Partido de Baja California han expresado públicamente una alianza para combatir la iniciativa, esas fuerzas políticas no alcanzan para dar la batalla de los votos. En todo caso sería en tribunales donde, de nuevo, el asunto terminará litigándose.
A diferencia de la ocasión previa, esta nueva iniciativa tiene condiciones para prosperar.
Con la Ley Bonilla I, como dijo la Corte, los diputados locales confrontaron el mandato del pueblo al extender el periodo de gobierno arbitrariamente. En cambio, al acortar el mandato constitucional de la siguiente gubernatura los diputados estarían haciendo algo para lo que sí tienen atribuciones. Tan las tienen que, desde 2007, las legislaturas locales de la mayoría de los estados alteraron los ciclos de gobierno con tal de empatar las elecciones regionales con las nacionales.
ZOOM
Hay un argumento que debería mirarse con lupa y es que cuando ocurrió la primera modificación se estableció que sería por “única vez.” ¿Cuántas “únicas veces” se vale reducir los periodos gubernamentales? Esta es la pregunta que seguramente habrá de resolver, de nuevo, la SCJN.
