Con el anuncio del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que Enrique Peña Nieto fue acusado por Emilio Lozoya de haberle ordenado recibir sobornos de dinero ilegal para su campaña presidencial en 2012, el último presidente priista podría ser el primer exmandatario nacional en ser llamado a juicio para que responda por un delito grave, que podría ser lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y posiblemente delincuencia organizada, dos delitos graves que no prescriben a pesar de los 8 años transcurridos desde su candidatura.
Peña tendría que responder, junto Luis Videgaray, su coordinador de campaña y luego secretario de Hacienda y canciller en su gobierno, por los 100 millones de pesos que, según la acusación de Lozoya, habría recibido de Odebrecht y que utilizó para pagar a “asesores extranjeros” que contrató para su proselitismo, dinero que por su procedencia ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y el destino que se le dio para pagar servicios de asesoría de campaña, habría sido blanqueado para ocultar su origen y, al involucrar en la recepción y uso de esos recursos financieros a varias personas, configurarían un posible delito de delincuencia organizada, de acuerdo con abogados penalistas consultados.
Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, que el lunes le anticipamos en esta columna, incluyeron también a un diputado federal y cinco senadores, cuyos nombres no fueron revelados por el fiscal Gertz y a los que el exdirector de Pemex asegura haberles repartido, por órdenes de Peña Nieto ya presidente y de Videgaray, secretario de Hacienda, 120 millones de pesos en sobornos para la Reforma Energética, aprobada entre el 11 y el 12 de diciembre de 2013 por las Cámaras del Senado primero y de Diputados un día después.
Los nombres del diputado y los senadores que se reservó el fiscal para empezar a investigarlos, apuntan a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013: los priistas David Penchyna, presidente; Carlos Romero Deschamps, secretario; Ernesto Gándara Camou; Héctor Yunes Landa; José Ascención Orihuela y Oscar Román González. Los panistas Salvador Vega Casillas, secretario; Francisco Domínguez Servién; Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maury. Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna. El petista Manuel Bartlett Díaz y el senador del PVEM Carlos Alberto Puente Salas. En cuanto al diputado federal podría tratarse de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.
Y en cuanto a la Reforma Electoral, que se aprobó entre el 14 y 15 de mayo en las dos cámaras del Congreso de la Unión, Lozoya también acusó haber dado “sobornos” por 200 millones de pesos a “varios legisladores y a un secretario de finanzas de un partido” a través de un enlace del que proporcionó el nombre, sin que se especificaran ni nombres ni montos por parte del titular de la FGR.
Pero la otra “bomba” que soltó Lozoya y que anunció ayer Gertz Manero, es que se abrió también una investigación, derivado de la información que entregó el ex funcionario peñista, sobre la construcción de la planta Etileno XXI, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. En los permisos y autorizaciones para que la brasileña Braskem, filial de Odebrecht, construyera ese complejo petroquímico –el más grande de América Latina– asociada con la mexicana Idesa en Coatzacoalcos, Veracruz, en el año 2008, en donde Emilio Lozoya acusa que “hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana socia de Odebrecht y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”, informó ayer el fiscal.
Es decir que si Peña podría ser el primer presidente en la historia de México en ser llamado a comparecer en un proceso judicial en calidad de acusado, por el pago de sobornos tanto a su campaña presidencial como para la aprobación de sus llamadas “reformas estructurales”, el expresidente Felipe Calderón podría ser el segundo exmandatario que tuviera que declarar en un juicio para explicar, al menos, las irregularidades y privilegios que le dieron a Odebrecht y su filial Braskem para construir el imponente complejo petroquímico de Etileno XXI con “pérdidas graves para el gobierno federal”.
Todo depende de los peritajes y la validación de las pruebas entregadas por Lozoya Austin para hacer sus acusaciones: a saber recibos de los pagos; cuatro testigos que declararán y un video, que constituyen las pruebas documentales con las que la FGR abrirá las carpetas de investigación y hará las diligencias para ratificar las acusaciones, las declaraciones de los testigos y, si se considera procedente, llamará a declarar a las personas que imputó el exdirector de Pemex.
