Fue en el marco del 30 aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Rosario Piedra, presidenta de dicho órgano constitucional autónomo, declaró que se debería modificar su nombre, el concepto específico de creación, el artículo 102 Constitucional donde finca la razón de ser de la Comisión, así como también la forma en que sus quejas son tomadas en cuenta por las autoridades federal y locales, pues se requiere que estas sean vinculantes (esto es, de atención forzosa).
Por un momento, la funcionaria ha olvidado por completo que los derechos humanos son inalienables y considerados universales a lo largo y ancho del orbe. Así, el cambio de nombre va más allá del apelativo y constituye una sinrazón que, de llevarse a cabo, cambiaría el fundamento intrínseco y la esencia de ese órgano. Esto es, la comisión perse debe ofrecer la posibilidad de recibir y atender quejas de todos los habitantes de nuestro país más allá de su género, status socioeconómico, condición social, política o religiosa, e, incluso, nacionalidad.
El coquetear con y pretender que la comisión de derechos humanos deje de serlo para convertirse en un ente procurador de justicia centrado en un grupo específico (así sean los más pobres del país), en automático se torna en un acto discriminatorio. Irónico, pues es precisamente esto lo que la CNDH debe denunciar y contrarrestar.
Ahora bien, el proponer que las recomendaciones que emita este órgano sean vinculantes implicaría también, contradictoriamente, perder la autonomía de la Comisión. Con ello se vislumbra un grave retroceso pues, aun teniendo sus fallas, ha sido en muchas ocasiones la única instancia en señalar los abusos de la autoridad; otra forma de destruir a organismo constitucionalmente autónomo y supeditar sus decisiones y recomendaciones al gobierno en turno.
El presidente AMLO se ha negado a reconocer este hecho, pero lo cierto es que ni él ha podido fundamentar sus dichos, como sí ha sido sencillo enlistar los muchos y diversos casos de éxito en la defensa de los DH por parte de la comisión, independientemente del asunto o administración gubernamental en turno.
Para hacer las cosas más absurdas —rayando en aberrantes—, sumado a lo anterior, la propuesta de la señora Rosario Piedra supone erigir al nuevo órgano como otra procuraduría (fiscalía) de justicia… Al parecer desconoce que esa YA existe en el país; es una entidad igualmente autónoma y, actualmente, está encabezada por un funcionario propuesto/avalado por el gobierno federal (y me refiero a los tres poderes de la Unión).
Mezclar conceptos, crear un órgano “espejo” de defensoría del pueblo, que es lo que Piedra propone, lleva a enormes confusiones conceptuales y serias ineficiencias procedimentales y de gestión, no se diga normativas.
Las funciones de la Fiscalía General de la República, presidida por Alejandro Gertz Manero, son necesarias sin lugar a dudas, así como nobles también. Pero su misión fundamental es diferente a la de la CNDH. En el caso de una procuraduría y defensoría social, como su nombre lo indica, la responsabilidad estriba en procurar justicia y proveer una defensoría legal gratuita a los mexicanos que lo requieran, independientemente de su situación o condición social.
La presidenta de nuestra CNDH muestra desconocimiento de las definiciones y procedimientos en la materia, pues el ser defensoría del pueblo, esto es, el llevar la defensa legal de un individuo vuelve imposible el poder imponer recomendaciones vinculantes a la autoridad competente. Hacer eso sería tanto como conjuntar en una persona jurídica la situación de juez y parte.
Rosario Piedra pretende desaparecer la autonomía de la CNDH y volverlo un ser amorfo tanto en el aspecto normativo como en el procedimental. La funcionaria debería tener claros los conceptos y, más allá de ellos, la defensa de los derechos humanos y la universalidad de los mismos. Si desea ser una defensora del pueblo, puede intentar obtener el apoyo para convertirse en la nueva fiscal general. Pero, entonces, no será ya más la comisionada presidenta de la CNDH.
La propuesta de Rosario Piedra es un despropósito. Mientras tanto, por si lo anterior fuese poco, tanto la institución (la CNDH) como toda la población violentada en los derechos que juró velar, se encuentran bajo asedio precisamente por quien debería cuidar de su integridad.
