Por Gabriela Rivera
@gabs_07
Estudiar una maestría o doctorado es un logro que solo 2% de los mexicanos logra durante su vida académica y profesional. Y aunque es un sector muy pequeño de la población, no existen oportunidades profesionales en el país para aplicar sus conocimientos.
Cynthia (cuyo nombre pidió cambiar) tiene una licenciatura en química en alimentos, una maestría en ingeniera en alimentos, e hizo un doctorado en química de alimentos con estancia en Brasil durante seis meses y regresó a la UNAM a aplicar sus conocimientos en los laboratorios de química.
Durante dos años desarrolló una investigación para conservar por más tiempo magos, fresas y otras frutas que se exportan de México al mundo. Los resultados permitieron a los productores nacionales aumentar las ventas y entregar un mejor producto, por lo que había más campo de acción dentro de este sector.
El problema comenzó cuando recortaron presupuestos y se limitaron los espacios para que los investigadores pudieran seguir desarrollándose profesionalmente, obligando a Cynthia a abandonar la investigación y su objetivo de dar clases en su alma mater.
Ella no es la única que se ha visto obligada a buscar otras oportunidades en otros campos que no sean la investigación, la innovación y el desarrollo ante la falta de espacios para continuar sus proyectos.
De acuerdo con Gabriela Dutrenit, coordinadora del posgrado en Economía, Gestión y Política de Innovación en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco, éste es uno de los principales problemas que encuentran los maestros y doctores en México.
“El primer obstáculo que enfrentamos es que no hay espacios para la docencia en las universidades. Las plazas están ocupadas por profesores e investigadores en edad de jubilarse, que no lo hacen por distintas razones, y el gobierno no da suficientes recursos para abrir nuevos espacios en las universidades, las instituciones de educación superior y los centros de investigación”, dijo Dutrenit.
La ex directora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico aseguró que el principal problema es que no hay suficientes recursos para abrir dichos espacios, y esto es responsabilidad del gobierno federal.
En la Ley Federal de Ciencia y Tecnología, creada en 2009, se establece que las administraciones deben otorgar al menos 1% del Producto Interno Bruto a este rubro. Sin embargo, esto no ha ocurrido en los últimos tres gobiernos.
En 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 98 mil 724 millones de pesos, la cifra más alta de los últimos dos sexenios, y se espera que para 2021 sean poco más de 102 mil millones de pesos.
Sin embargo, esta cantidad no será suficiente para el porcentaje establecido en la ley, y mucho menos para atender las necesidades que tienen los investigadores, ya que no solo son los espacios laborales, sino también se requieren recursos para financiar las investigaciones que se están desarrollando.
“Si no se tienen los reactivos que se necesitan en las investigaciones, ésta se detiene y se afectan muchas cosas: primero que nada las tesis de los estudiantes que están involucrados en el proyecto, y segundo, los beneficios que pueden obtenerse de esas investigaciones”, dice Gabriela Dutrenit.
Esto, a la larga impacta el desarrollo de los países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) señala que aquellas naciones que no fomentan la innovación y el desarrollo tendrán menos recursos futuros para resolver problemas futuros.
Dutrenit lo señala claramente: el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 es muy lento precisamente porque no se ha fomentado la investigación en el país.
Y Laura Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM lo confirmó recientemente en un foro de salud: México perdió su liderazgo en el tema de vacunas, al dejar de financiar proyectos relacionados con el tema, por lo que ahora México depende de otros países y empresas para tener acceso a la vacuna contra coronavirus.
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