Por Gabriela Rivera
@gabs_07
El confinamiento y la crisis económica podrían llevar a hasta 30 mil niños y adolescentes a sumarse a las filas del empleo, en un intento por ayudar a sus familias a enfrentar la situación que se vive actualmente.
Marisela Reyes Salazar, enlace regional de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), explicó que durante la contingencia por COVID-19 se ha vuelto más evidente y existe el riesgo de que el número de niños que trabajan en México aumente en los siguientes meses.
Sin embargo, el tema del trabajo infantil y su erradicación no está en la agenda nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Esta situación contradice el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es la abolición del trabajo de menores para 2030 y elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo.
Dicho convenio fue ratificado por el Senado en diciembre de 2014. Sin embargo, a la fecha no se han cumplido los mandatos y en México todavía hay 3 millones de niños niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años que trabajan, según las cifras oficiales.
El estudio Infancia con derechos. Trabajo infantil y Trabajo infantil forzoso en México, indica que la principal causa de que los menores tengan un empleo es para contribuir al ingreso de su familia, en donde los adultos no tienen suficientes recursos para mantener a los menores.
Sin embargo, esta situación ayuda a perpetuar la situación de pobreza de las familias, en lugar de mejorar su ingreso, aseguró Alicia Vargas, una de las autoras del estudio.
Y es que, según el análisis del salario que tienen los menores, al menos 43% de ellos no reciben ningún ingreso, en comparación con 8% de los niños que ganan hasta dos salarios mínimos.
“Aunque atienden lo inmediato, a la larga las condiciones de la familia no conducen a mejorar la calidad de vida, perpetuando y agudizando la pobreza (…) Y no permite el desarrollo de nuevas habilidades intelectuales calificadas o tecnológicamente más desarrolladas que alimenten el bagaje constitutivo de las capacidades y habilidades que le exige la economía de mercado actual, con las que técnicamente se generaría una inserción laboral que conlleve a la movilidad en la escala social”, señala el estudio.
Y es que los menores que trabajan difícilmente concluyen sus estudios, y apenas completan sus estudios de primaria, lo que los ponen en una desventaja educativa, que difícilmente podrán eliminar y que los deja nuevamente en los puestos más bajos de la cadena laboral, perpetuando la pobreza de sus familias.
Pese a los señalamientos realizados por investigadores, académicos y organismos internacionales, los gobiernos apenas han realizado algunas acciones. Si bien la administración federal no ha puesto el tema sobre la mesa, algunas entidades han trabajado en él, sin resultados.
Sinaloa, uno de las entidades con mañas niños trabajando en los campos agrícolas, no ha podido disminuir la cifra. Incluso, el mes pasado, el secretario técnico del Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Jorge Luis Sañido, reconoció que había 900 menores de edad trabajando en los campos del estado.
La razón, dijo, es la crisis económica que se vive en el país a raíz de la pandemia, lo que ha llevado a niños de 8 años a sumarse a las filas del campo para ayudar a sus padres.
Ante esta situación, las investigadoras y autoras del estudio, propusieron 15 recomendaciones para la erradicación del trabajo infantil y la restitución de los derechos del niño a tener una infancia adecuada.
