Por Gabriela Rivera
El 14 de marzo, Miroslava Breach publicó una nota titulada Investiga la FGE de Chihuahua cementerios clandestinos en el Largo Maderal en el periódico La Jornada. Allí aseguró que se habían encontrado los cuerpos de hombres asesinados en los últimos ocho años por Ignacio García, El Nachito, el líder criminal de esa región en Chihuahua.
“En los últimos años han sido constantes en el municipio de Madera las incursiones de grupos armados que perpetran asesinatos múltiples y siembran el terror entre los habitantes de la región serrana.
“En 2011, integrantes de la célula criminal encabezada por El Nachito dejaron seis cadáveres mutilados en la glorieta principal de la cabecera municipal. En 2014 aparecieron siete cadáveres apilados en la caja de una camioneta pick up estacionada fuera de una funeraria”, decía la nota de ocho párrafos.
Esa sería la última nota que publicaría Miroslava. El 23 de ese mes la asesinaron cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela.
El caso de Miroslava es uno de los 26 casos de periodistas asesinados en México en los úlitmos 10 años, que siguen sin resolverse, lo que coloca a México en el sexto lugar del ranking del Índice Global de Impunidad, elaborado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés)
“La impunidad que hemos presenciado en estos países año tras año, y el saber que las autoridades no toman medidas eficaces contra los autores de los ataques contra la prensa, menoscaban la capacidad de los periodistas de todo el mundo de ejercer la profesión”, dijo Courtney Radsch, directora de Campañas del CPJ durante la presentación del informe.
De acuerdo con el documento, México sigue siendo el país más peligroso en el hemisferio occidental para ejercer esta profesión, ya que la violencia contra los periodistas no disminuye.
Y aunque la cifra disminuyó en comparación con los 30 casos que se tenían en el índice de 2019, México no logra disminuir la violencia en contra del gremio periodístico, e incluso subió una posición, ya que Filipinas sí presentó una disminución.
El caso de Miroslava Breach es uno de los más emblemáticos, ya que en las investigaciones se descubrió que el asesinato fue planeado por el crimen organizado y políticos del estado de Chihuahua. Una primera línea de investigación reveló que las investigaciones de Breach revelaron que Los Salazares —el grupo armado del cártel de Sinaloa— estaba involucrado en la política del estado.
Una de las revelaciones señalaron a Juan Salazar Ochoa, precandidato al gobierno municipal de Chínipas por el PRI, como sobrino de Adán Salazar Zamorano y Crispín Salazar Zamorano, líderes del grupo criminal, quien tuvo que dejar sus aspiraciones políticas cuando la periodista publicó este parentesco.
Las revelaciones señalaban también a personajes de distintos partidos vinculados al grupo criminal, por lo que Crispín Salazar ordenó su asesinato.
Pasaron tres años para que el juez sentenciara Juan Carlos “N”, único detenido por el homicidio y presunto coautor material del homicidio de la periodista, a 50 años de prisión.
El CPJ señaló que, si bien ya se lograron condenas por los asesinatos de Breach y de Javier Valdez, los autores intelectuales de los crímenes siguen en libertad y no ha investigaciones que permitan llegar a ellos.
La presión mediática ha ayudado a que las investigaciones avancen en estos casos, pero hay otros en los que no ha habido una respuesta tan rápida.
La impunidad persistente ejerce una enorme presión sobre las familias de los periodistas asesinados, dijo Nancy Gómez.
Mario Gómez , reportero del diario El Heraldo en Chiapas, en Chiapas, fue asesinado a tiros a plena luz del día en la localidad de Yajalón el 21 de agosto de 2018; ya varios sospechoso fueron arrestados y están siendo juzgados, pero las autoridades han avanzado poco para encontrar a los autores intelectuales.
Otros casos fueron investigados con cientos de errores y dieron como resultado una sentencia incorrecta, como lo fue la carpeta de investigación de Regina Martínez Pérez, asesinada dentro de su domicilio en 2012.
La Fiscalía de Veracruz, encargada de llevar el caso, dictaminó que un hombre entró a sus casa y el móvil había sido intento de robo. El hombre confesó el crimen y fue sentenciado. Sin embargo, las autoridades nunca tomare en cuenta las investigaciones sobre los nexos entre el narcotráfico y la política estatal que la periodista ya había denunciado.
El caso nunca llegó al ámbito federal y la fiscalía estatal dio un carpetazo, dejando inconformes a los amigos y compañeros de Regina.
Como este, decenas de casos se investigan en los estados, donde los funcionarios locales y estatales a menudo están implicados en delitos y corrupción, según la investigación del CPJ elaborada en 2017.
Y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha decidido no atraer o enjuiciar los asintamos de periodistas antes o durante la actual administración.
Incluso, el CPJ denunció en este informe que no se ha federalizado ningún caso de asesinato desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, dejando en la indefensión a las familias de los periodistas muertos.
