#Reportaje: Autoridades omiten investigar homicidios de mujeres como feminicidios

Por Gabriela Rivera

En los primeros siete meses del año, en México se registraron mil 674 mujeres asesinadas, pero solo 566 casos se tipificaron como feminicidios. Esto a pesar de que las autoridades tienen la obligación de investigar cada muerte violenta de una mujer como feminicidio.

En 2010, Mariana Lima Buendía fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, un policía ministerial que trabajaba en el municipio de Chimalhuacán. Aunque el hombre intentó hacer pasar el hecho como un suicidio, la madre de la víctima —Irinea Buendía—demostró ante la autoridad que el ex policía asesinó a su hija.

Tuvieron que pasar 5 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera la sentencia Mariana Lima Buendía, que obliga a las autoridades judiciales a investigar todo homicidio violento de mujeres con perspectiva de género, además de que deben implementar protocolos de prevención, investigación, procuración e impartición de justicia.

En 2018, el gobierno federal, la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales plantearon que se creara un protocolo para que se cumpliera la sentencia de la Corte.

Con este antecedente, los 13,727 asesinatos ocurridos desde 2015 hasta la fecha tendrían que analizarse de esta manera, para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Pero no es así.

“Esto no está pasando. Ha sido una batalla porque hemos tratado de impulsar que se modifiquen los protocolos a la luz del nuevo sistema penal, para que cumplan con diligencias que acrediten las circunstancias de los asesinatos. También hemos impulsado iniciativas para que todas las muertes violentas, no solo los homicidios también los suicidios, se investiguen de esta manera. Pero no está pasando”, explica María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.

La abogada dice que casos como estos hay demasiados, que están siendo mal investigados. El Observatorio está atendiendo algunos casos en la Ciudad de México que se calificaron como suicidios por los peritos, pero que con análisis posteriores se demostró que esas mujeres no se mataron, sino que fueron asesinadas.

A estos hechos se suman antecedentes ocurridos hace varios años, como las mujeres que atropellaban en Ciudad Juárez, pero que en realidad las habían matado, y sus victimarios simulaban un accidente, aventándolas al arroyo vehicular.

“Están mal hechas las necropsias, los peritajes de criminalística. Todo lo que tiene que ver con la mecánica de los hechos están mal. Ya hay quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX porque los peritajes están mal”, señala Estrada.

Errores como estos son comunes al momento de investigar los caso. Ahí está el de María de Jesús Jaime Zamudio, quien en 2016, fue arrojada de un quinto piso por su profesor y un compañero de la escuela, que primero intentaron violarla. A pesar de que encontraron restos de piel de los agresores en las uñas de la joven, las autoridades tardaron tres años en cambiar la investigación de homicidio a feminicidio. Sin embargo, cuatro años después, no hay una sentencia, pese a los reclamos y las diligencias de Yesenia Zamudio para probar el asesinato de su hija.

¿Dónde están los errores?

No hay peritos ni ministerios públicos que puedan acreditar un homicidio con perspectiva de género.

No hay protocolos de atención para cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia

No hay unidades de investigación ni fiscalías especializadas.

Persiste la corrupción y la impunidad en la autoridad judicial.

Por estas fallas en el sistema es que los peritos insisten en que la mujer se suicidó, ya que no presenta una mecánica de defensa, no hay rastros en sus manos o sus uñas, no hay golpes que indicaran que intentó salvar su vida.

“Pero cuando nosotros hacemos otro peritaje, vemos que a la mujer le dieron un knock out o que la drogaron, y obviamente no se pudo defender”, explica Estrada.

A esta situación se añade que las policías s pierden evidencia con cualquier excusa, aunque las integrantes del Observatorio siguen sin entender por qué no se resguarda la cadena de custodia como se debería.