Por Gabriela Rivera
@gabs_07
La crisis alimentaria que generó la pandemia de COVID-19 se convirtió en el pretexto perfecto para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no deje de repartir los recursos de los programas electorales en pleno año electoral.
“No se deben suspender durante el proceso electoral, pero sí se debe evitar la propaganda gubernamental, pues hay que respetar, en todo momento, el principio de imparcialidad”, dijo el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Alberto Ferrer Silva, en el XX Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario.
Durante el foro virtual se expuso que la alimentación de los niños, niñas y adolescentes es uno los aspectos más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que muchas familias vieron disminuidos sus ingresos y, por lo tanto, bajo su ingesta alimentaria.
Además, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima una reducción de 8.55% en los ingresos per cápita de la población, lo que representa un retroceso de nueve años que afectará aspectos como la alimentación y la salud.
Ante esta situación, la asistencia alimentaria y el desarrollo comunitario serán esenciales para evitar un mayor retroceso en la población.
Sin embargo, esta visión permitirá que en 2021 se continue con la entrega de dinero y productos de los programas sociales del gobierno, lo que influirá al momento de la elección.
Datos del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) indican que este año el gobierno tiene 22 millones de beneficiarios de uno de sus programas sociales, ya sea becas escolares, pensiones para adultos mayores, alguno de los microcréditos o ayudas para madres trabajadoras.
De todos ellos, el gobierno tiene sus datos personales y copia de su credencial de elector de los beneficiarios y sus familiares, que están almacenados en centros de cómputo de los 300 distritos electorales. ¿Cómo se obtiene toda esta información? A través de los 20 mil Servidores de la Nación que reparen el dinero de dichos programas sociales.
“Los SN saldrán temprano el 6 de junio, con los datos de todos los beneficiarios en sus smartphones, para obligar a votar por Morena, con amenazas de perder los beneficios si no cumplen”, dice Ricardo Pascoe Pierce, en una columna publicada el mes pasado.
Este “ejército” de funcionarios están adscritos a la Secretaría del Bienestar y los dirige Gabriel García Hernández, coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo y encargado de consolidar el proyecto político más grande de la administración de López Obrador.
De hecho, los 22 millones de beneficiarios de este padrón son la primera meta de dicho proyecto, la segunda es llegar a 70 millones de mexicanos en 2024, y así tener una base consolidada de cara a la elección presidencial.
Pese al riesgo que se corre al permitir que se sigan entregando las ayudas económicas, los funcionarios que participaron en el encuentro sobre alimentación aseguraron que se blindarán los programas para evitar su uso.
“Los servidores públicos son sujetos obligados en materia electoral y, por tanto, pueden ser acreedores a sanciones por omisión o incumplimiento cuando autoridades electorales les soliciten información por difusión de propaganda y personalización de apoyos sociales, entre otros”, dijo Ferrer Silva del INE.
Por su parte, el Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “A”, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Carlos Hernández Durán, explicó que el organismo verifica el cumplimiento de metas, revisará que los apoyos del Gobierno Federal no se usen con fines electorales y que además contengan la leyenda indicada para los programas federales.
De esta manera, el asistencialismo y la ayuda social será utilizada como en antaño: para tener una base sólida de electores, o para amagar a a los beneficiarios con perder la ayuda monetaria si no votan por ellos.
Habrá que ver si este año se aplicará el dicho de López Obrador de 2018: aceptar las ayudas sociales o el dinero y votar por quien el pueblo quiera.
