Por Gabriela Rivera
Los feminicidios y la violencia contra las mujeres no han disminuido en el país, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga lo contrario.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en los primeros cinco de años, las cifras son alarmantes:
- 1,580 mujeres asesinadas.
- 384 muertes investigadas como feminicidios.
- 21,292 delitos sexuales.
- 550 mujeres, niñas y adolescentes.
“No ha disminuido, no solo de ahorita, sino desde los últimos tres años. Pero ahorita no vemos que bajen las cifras, al contrario. Estimamos que este año vamos a cerrar en casi cuatro mil asesinatos”, explica María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
La especialista asegura que la pandemia no detuvo la violencia contra las mujeres, ya que las agresiones no ocurren solamente dentro de los hogares, también suceden en la comunidad en la que viven. “Por eso seguimos viendo las desapariciones aunque supuestamente no estamos saliendo”, dice Estrada.
Las cifras que se cuentan en el SESNSP contradicen al presidente, quien aseguró en su Segundo Informe de Gobierno que los feminicidios habían bajado hasta 30% en comparación con noviembre de 2018.
De acodero con los registros anuales del Secretariado, la cifra de feminicidios se ha incrementado en los últimos años, pese a que no todos los homicidios dolosos contra las mujeres se tipifiquen como tal.
Al respecto, María de la Luz explica que todavía las autoridades se resisten a tipificar las muertes violentas de las mujeres como feminicidio, pese a que feminicidio es calificado como“la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género” y todas las autoridades están obligadas a investigar los homicidios dolosos o muertes violentas como feminicidios, aunque después no lo sean.
Con estas cifras se puede afirmar que los delitos relacionados a la violencia contra las mujeres no ha disminuido y en caso de que no haya acciones coordinadas, el país está lejos de conseguirlo, asegura Karen Rodríguez Ramírez, directora ejecutiva de la organización Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, los tres niveles de gobierno no han querido actuar para garantizar el acceso a la justicia, afectando los procesos de acceso a la justicia. Y peor aun, cuando la administración federal hace declaraciones que dañan los pocos avances que se han logrado.
“Lo que dice el gobierno federal tiene un impacto muy grande, y cuando dijo que el feminicidio no se podía acreditar y era mejor agravar el homicidio, causó un impacto muy grande en los gobiernos y las autoridades. Por eso vimos. Chihuahua cambiando sus leyes, ya que se niega a tipificar el feminicidio en su Código Penal”, afirma Estrada.
Las víctimas están hartas
El incremento de asesinatos y hechos de violencia contra las mujeres, así como la falta de acceso a la justicia y atención a las víctimas generó que un grupo de colectivos feministas tomaran las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de la CDMX.
Estrada asegura que conoce muchos de los casos de las mujeres que estaban en la reunión con la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, y que no han obtenido respuesta sobre las denuncias de muerte, desaparición y violaciones a sus hijos.
“Eso fue una expresión de hartazgo, que se ha manifestado en los últimos meses. Hemos esperado mucho del gobierno federal, pero los recortes han afectado a las mujeres: no hay refugios, se quitaron los subsidios (…) Y la CNDH todos estos años ha sido privilegiaba con recursos financieros que no reciben otras instancias”, dice la directora del OCNF.
Además, asegura, la autoridad no ha estado a la altura de lo que requieren las víctimas, y la persona que ahora está al frente de la Comisión tampoco tiene la experiencia para atenderlas. “Había otros perfiles, mejores perfiles, pero se prefirió éste y ahora vemos el hartazgo de todas”.
