Por Gabriela Rivera
La pandemia por COIVD-19 y los confinamientos que intentan contener los brotes se han convertido en el arma de los gobiernos para negar información a los reporteros y medios de comunicación, coartando así el derecho a la información.
Desde que se instauró la cuarentena en México, y en el mundo, especialistas, activistas y periodistas se han dado a la tarea de analizar este fenómeno, que solo ha complicado más la difusión de verídica y real para la población.
“Estamos siendo testigos de una crisis de confianza, con la credibilidad de las autoridades comprometida y los medios de comunicación principales luchando como resultado de la pandemia y los profundos cambios en el ecosistema de la información antes de ella. Pero no sólo eso: la pandemia ha demostrado la aguda necesidad de que las poblaciones de todo el mundo puedan acceder a información precisa de fuentes de medios de comunicación plurales y diversas, y actuar en consecuencia.
“Sin el derecho a saber plenamente realizado, que las autoridades a su vez han socavado activamente, los gobiernos no pueden mantener la credibilidad necesaria para gobernar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”, cuestiona Quinn McKew, directora ejecutiva de Artículo 19.
En la introducción de El Informe de expresión global 2019/2020, presentado hace unas semanas, McKew señala que en la última década el derecho a la información y la libertad de expresión s habían visto afectados por gobiernos opresores en todo el mundo. Sin embargo, con la pandemia llegamos al punto más bajo en 10 años, sin que los gobierno realicen acciones para detenerlo.
Desde abril de este año, a un par de meses de que comenzaran los confinamientos en América Latina, y México, los periodistas se dieron cuenta que las naciones habían paprovechado la situación para suspender cualquier solicitud de información, sobre todo las relacionadas con el manejo de la crisis sanitaria.
En un análisis organizado por Quinto Elemento Lab, 15 periodistas de la región analizaron la situación que vivían en ese momento los distintos países: en el caso de México, el gobierno fue abriendo paulatinamente la información sobre atención médica, hospitales y población infectada y fallecida por el coronavirus.
Lo preocupante fue que México decidió suspender de forma temporal las solicitudes de acceso a la información, mientras que Argentina, Colombia y Perú modificaron los términos y periodos para responder solicitudes.
“Esta deuda con la transparencia coloca a México en el mismo nivel que Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Colombia o Estados Unidos, donde los gobiernos han optado por no revelar información que, en el contexto de la pandemia, permitiría a la sociedad civil participar proactivamente en las medidas de contención”, dice el documento generado a partir de la charla entre los periodistas.
El caso más extremo en estos cambios fue el que aplicó el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien suspendió varios artículos de la Constitución, incluyendo el que protege el derecho a la libertad de expresión.
La situación del ocultamiento de la información y la persecución a los periodistas que insisten en investigar y revelar los datos más exactos es un tema preocupante.
El Comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Javier Acuña, aseguró que la pandemia del coronavirus revivió los ánimos de algunos gobiernos para ocultar información y con ello, acentuar las debilidades democráticas de los estados, pero también a que se mantenga la persecución y las amenazas a los periodistas que realizan su labor día a día.
“Hay una tentación de los gobiernos para obstruir la labor de los periodistas (…) y en la medida en que las emergencias se agudizan, también se restringen los espacios de información”, dijo Balbina Flores, representantes de Reporteros Sin Fronteras en México en una entrevista.
Sin embargo, la labor de los periodistas en estos tiempo es de gran relevancia, dado que son ellos los responsables de informar a la población y combatir las fake news difundidas por ciudadanos, organismos o hasta los mismos políticos.
Dichos como el del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, solo contribuyeron a que la gente no creyera en el coronavirus y relajara las medidas de seguridad, bajo el argumento de que “el gobernador lo dice”.
“Durante una pandemia, el acceso a información precisa y confiable es en particular un asunto de vida o muerte. La gente tiene el derecho a saber sobre medidas de salud vitales, estadísticas transparentes y las decisiones que toman las autoridades. La salud humana no solo depende de una atención médica fácilmente accesible, sino también del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios disponibles para protegerse a uno mismo, la familia y la comunidad.”, puntualizó Harlem Desir, representante de libertad de los medios en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
