#Reportaje: Ley, ni pronta ni expedita para víctimas de feminicidio

Por Gabriela Rivera

@gabs_07

La ola de feminicidios no se ha detenido y en los últimos cinco años va a la alza. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la resolución de los casos, que llevan años sin avances mientras los presuntos agresores siguen prófugos.

El estudio Feminicidios y asesinatos dolosos de mujeres y niñas en México en 2019, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, señala que entre 2015 y 2019, la cifra de feminicidios y homicidios dolosos — que son las muertes que las autoridades no tipifican como feminicidios, por falta de elementos o desinterés por hacerlo—, pasó de 2,161 a 3,825.

Si las cifras son alarmantes, las historias donde las madres no han recibido justicia para sus hijas es aún peor. Esta semana se dio a conocer que el juicio oral en contra del asesino de Mayra Abigail Guerrero empezará este año, a pesar de que la asesinaron en diciembre de 2016. 

En la misma situación está el caso de Josselin Vianey Vite Reséndiz, de 25 años, quien fue asesinada por su esposo el 4 de julio del año pasado. Pese a las pruebas, el hombre está prófugo y la madre de la víctima, Jaquelin Reséndiz espera que en algún momento se haga justicia a su hija. 

Y como si esto fuera poco, hay casos que se van alargando sin que las autoridades impartan justicia: Irinea Buendía lleva 10 años exigiendo a las autoridades del Estado de México. Después de seis años de activismo, logró que se detuviera a Julio César N, esposo y asesino de su hija, pero cuatro años más tarde, ningún juez ha dictado sentencia.

La falta de atención a la violencia contra las mujeres, ha llevado a los colectivos feministas y las activistas de derechos humanos a manifestarse por el acceso a la justicia.

Las protestas subieron de nivel esta semana, cuando un grupo de 15 mujeres, madres de víctimas de violencia tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 2 de septiembre pasado.

Ese día, las mujeres se reunieron con la titular de la dependencia, Rosario Ibarra Piedra, y exigieron una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; al no obtener una respuesta positiva, se negaron a abandonar las instalaciones, e incluso una de ellas, Silvia Castillo, se amarró a la silla en la que estaba sentada.

En los días subsecuentes, algunas mujeres llegaron a acuerdos con las autoridades, pero mantuvieron un campamento afuera del edificio de la dependencia, ubicado en el Centro Histórico. 

Sin embargo, la acción atrajo la atención de grupos feministas, quienes el 4 de septiembre tomaron las instalaciones del edificio, con el objetivo de apoyar a las madres de las víctimas.

“Ya se tomó la CNDH. Son muchísimos casos de desaparición y de feminicidios, vienen para acá más familias, y hasta que no se resuelvan sus casos, no vamos a salir”, dijo Mónica Esmeralda Caballero, integrante de la organización Ni Una Menos México, al periódico La Jornada.

El sábado, Silvia Castillo, cuyo hijo fue asesinado, y Marcela Alemán, madre de una niña víctima de violación -ambos en San Luis Potosí-, informaron que lograron un acuerdo con la CNDH para que los casos fueran trasladados al poder judicial de sus estados y recibieran asesoría juridica.

Aunque las mujeres abandonaron el edificio, las encapuchadas mantienen la toma del edificio. “Les pido a las autoridades que atiendan a las personas que están al interior, ya que ellas también son víctimas y no han logrado acceder a la justicia”, justificó Castillo en una conferencia de prensa.

Con el grupo de encapuchadas permanece María de Jesús Jaimes Zamudio, madre de Yesenia Zamudio, estudiante del IPN y quien fue asesinada en 2016.

“De aquí no nos vamos a mover y van a seguir llegando más madres de toda la República. Somos un chingo y somos de todo el país, y así tengamos que quemar las pinches fiscalías, lo vamos a hacer. ¡Hagan su maldito trabajo, fiscales y ministerios públicos!”,dijo la mujer.

En tanto, Tania Flores, titular de Atención al Público en la CNDH,a aseguró que no se usará la fuerza pública apara desalojar a las manifestantes, y se buscará tener un diálogo con ellas para liberar el inmueble y atender a las víctimas