El desempleo y la crisis económica ponen en riesgo la infancia de los menores, quienes podrían tener daños irreversibles en su vida
Por Gabriela Rivera
Twitter: @gabs_07
Los cierres de actividades y el confinamiento por la pandemia de COVID-19 agravaron la situación de 22.5 millones de niños que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, y podrían incrementar el número de menores que tengan que trabajar.
De acuerdo con los datos de la Encuesta de seguimiento de los efectos de COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos (ENCOVID-19), recabados por la REDIM:
62% de los padres de familia o responsables de menores trabajan en el sector informal, por lo que deben salir a trabajar.
4.6 millones de adultos reportaron estar desempleadas, ya que los descansaron sin goce de sueldo.
32% de los hogares donde hay menores perdieron reportan que al menos un adulto perdió su empleo.
Las afectaciones en las familias tendrán un impacto directo en la vida de niñas, niños y adolescentes, quienes vivirán su infancia en situación de pobreza o pobreza extrema, señaló Juan Martín Pérez, presidente de la REDIM.
Estos impactos van desde carencia alimentaria y falta de acceso a la educación hasta el deterioro de su salud, sufrir violencia o tener que incorporarse al mercado laboral.
En México hay 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan, pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la cifra de menores podría empeorar sobre todo en las zonas rurales.
Esto, a su vez, echaría para atrás 20 años de trabajo conjunto para erradicar el trabajo infantil en todo el mundo y que ha comenzado a dar frutos con la ratificación universal del Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, celebrada el 4 de agosto pasado.
Ante esta situación, en su estudio Impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos de la infancia en México, la REDIM pidió a los gobiernos federal y estatal mantener los programas de apoyo financiero a las familias y focalizar los apoyos a los beneficiarios de dichos programas.
De igual manera, la red retomó las recomendaciones hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) para contar con seguro de desempleo, la construcción de piso mínimo solidario, contar con una pensión universal, e incrementar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
