El día de ayer se desalojó a la comunidad universitaria, docente y administrativa de la universidad poblana. Esto es lo que se sabe.
Este martes 29 de junio, autoridades policiales llegaron a la sede de la Universidad de las Américas Puebla para asegurar el inmueble, por lo que estudiantes, docentes y personal administrativo fueron prácticamente desalojados mediante el uso de la fuerza.
Al darse a conocer la noticia, rectores de otras universidades estatales, políticos y egresados mostraron su respaldo a la comunidad universitaria e hicieron un atento llamado a un proceso legal que no interfiera con el derecho a la educación de las y los estudiantes.
La historia del conflicto que desencadenó esta acción se remonta a un descontento familiar sobre la herencia y sus deseos de apropiarse de los recursos de la Fundación, a los cuales, según el testamento de William O. Jenkins, ninguno tiene derechos.
Jenkins dejó estipulado que absolutamente todos sus bienes pasarían íntegros a la Fundación que creó con su esposa. El campus de la UDLAP forma parte de estos bienes.
El grupo inconforme con la voluntad del patriarca, contrató a los abogados Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández para modificar los estatutos y así usar todo el capital de la organización. Con este propósito se creó la Fundación Bienestar de Filantropía, a la que en abril de 2014 se le transfirió 720 millones de dólares, prácticamente todos los fondos de la Fundación Mary Street Jenkins.
Trascendió que los miembros inconformes de la familia Jenkins junto a los abogados están prófugos, tienen órdenes de aprehensión en su contra por delitos de fraude y lavado de dinero realizados con recursos de la universidad.
Ante tal circunstancia emergió un nuevo patronato, el cual orquestó la toma de la institución mediante una orden de embargo.
La Fundación Universidad de las Américas Puebla, cuyo presidente es Horacio Magaña Martínez, creada para tal fin, pidió apoyo del Poder Judicial de Puebla para tomar posesión, vía la fuerza pública, de los bienes de la universidad. El juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez, emitió un oficio de ejecución de medida cautelar, documento con el que se presentó el nuevo patronato para asumir el control de la institución.
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector en turno de la UDLAP, declaró que este acto es ilegal y lo comparó con la toma de la UNAM en 1968.
El acceso al campus ha sido limitado por una decisión tomada por esta Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla de cambiar el patronato por sus pistolas. Y digo pistolas porque eso era lo que traía quienes invadieron el campo e imponer una persona que me gustaría que ustedes encontraran quién es Horacio Martínez Magaña Martínez.”
La cuenta oficial de la Universidad publicó un comunicado.
Por su parte, desde Zapopan, Jalisco, la familia Jenkins calificó este acto como autoritario y violatorio a la suspensión otorgada a nivel federal para impedir que otro grupo tome las riendas de la UDLAP.
El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins acusa que la intervención en la UDLAP es un acto ilegal, autoritario y un atropello grave al Estado de derecho. La violación a la suspensión federal constituye un fraude a la ley.”
Con información de Expansión, Aristegui online.
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