Desplazados en nuevo león
En Nuevo León, las comunidades de Martinitos, en el municipio de Cerralvo, y San Vicente, en el municipio de Los Herreras, se han convertido en “pueblos fantasma” debido a la presencia de la delincuencia organizada en la zona norte del estado. Su violencia provoca un desplazamiento forzado.
El recrudecimiento de la violencia en esta región ha generado desplazamiento forzado de decenas de comunidades de distintos municipios, llevando a la población en algunos lugares a reducirse a cero.
Los grupos delictivos, en su mayoría provenientes de Tamaulipas, se dedican a realizar “levantones” de habitantes con el objetivo de extorsionarlos y, en ocasiones, apoderarse de sus viviendas y propiedades. Además, han establecido retenes en carreteras vecinales y estatales, como la Miguel Alemán, para mantener su control.
Este fenómeno, aunque se manifiesta con gran crudeza en Nuevo León, no es exclusivo de la región, ya que se presenta en otras entidades del país, como Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua. Además de la violencia, el desplazamiento interno puede ser causado por factores diversos, como el cambio climático o desastres relacionados con la acción humana, así como peligros geológicos, hídricos y meteorológicos extremos.
Aunque el desplazamiento interno en México comenzó a documentarse en la década de 1970, fue recién en abril de 2019 que el Gobierno federal reconoció oficialmente su existencia y los desafíos que conlleva. Sin embargo, a pesar de este avance, México aún carece de una legislación nacional, cifras nacionales oficiales o información desagregada, elementos esenciales para comprender la magnitud y evolución del desplazamiento forzado en el país, así como los diferentes perfiles y la ubicación geográfica de las personas desplazadas.
Las comunidades de Martinitos y San Vicente, ubicadas en los municipios de Cerralvo y Los Herreras en Nuevo León, han sucumbido al miedo, convirtiéndose en auténticos “pueblos fantasma”. El temor a la violencia desatada por la delincuencia organizada ha provocado una huida masiva de los habitantes y el abandono de estas localidades.
Egidio, un antiguo poblador de Martinitos, dijo a Reporte Índigo que actualmente no queda ni una sola persona en esta comunidad. La población huyó debido al miedo que se ha apoderado del lugar. En el caso de San Vicente, solamente dos familias se aventuran a acudir de vez en cuando para revisar el estado de algunas viviendas, pero ya no se quedan en el pueblo.
“En Martinitos sí está en ceros la cantidad de pobladores y en San Vicente va para allá, si ves ahí en el video, fue el día primero cuando privaron de la libertad a una persona, a un residente de los Estados Unidos, y ya la gente no quiere venir, mientras que la que todavía hay se está mudando”, dijo Egidio.
“De las cinco personas que se llevaron del poblado de Martinitos el mes pasado, había algunos que sí consumían drogas y había otros que no, pero pues se llevaron cinco personas y tiene más de un mes que no han regresado”, expresó.
El caso de Martinitos es especialmente dramático, ya que esta población solía albergar aproximadamente 200 habitantes, pero desde 2011 comenzó a ser objeto de ataques por parte de la delincuencia. Entre los episodios más violentos se encuentra el asesinato de una pareja de residentes estadounidenses que defendían su propiedad en el lugar y perdieron la vida acribillados.
Las acciones violentas de la delincuencia han tenido un impacto devastador en la vida cotidiana de estas comunidades, afectando la operación de la escasa industria local y el transporte. Los negocios locales, como tiendas de abarrotes y depósitos de venta de cerveza, se han visto obligados a cerrar sus puertas debido a la inseguridad reinante.
Las consecuencias económicas son evidentes, ya que algunas viviendas se han ofrecido en remate a precios considerablemente bajos, incluso llegando a los 200 mil pesos. Sin embargo, no hay interesados en adquirirlas debido al clima de violencia y temor que impera en la región.
A pesar de la crítica situación en el norte de Nuevo León, donde la presencia de grupos del crimen organizado ha desencadenado el éxodo de comunidades enteras, las estadísticas oficiales de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León reflejan una realidad sorprendente. El miedo a denunciar, entre otros factores, se ha traducido en un bajo número de reportes de delitos comúnmente asociados con la delincuencia organizada en los municipios de Cerralvo y Los Herreras.
Según la Fiscalía, en el período de enero a septiembre de 2023, en Cerralvo se han presentado tan solo cuatro denuncias por homicidio culposo, seis por narcomenudeo, dos por privación ilegal de la libertad y una por secuestro. Mientras tanto, en Los Herreras, se registraron tres denuncias por homicidio doloso, dos por privación ilegal de la libertad y una por secuestro.
Este bajo número de denuncias contrasta drásticamente con la percepción de inseguridad que experimentan los habitantes de estas zonas, quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a la presión ejercida por grupos delictivos.
Sin embargo, la inseguridad no solo afecta a los residentes de la región, sino que se ha extendido a los operadores de unidades de carga que atraviesan estas zonas. Los choferes que se dirigen a Tamaulipas o a Estados Unidos se enfrentan a una continua extorsión por parte de delincuentes que operan en carreteras como la Monterrey-Miguel Alemán, la carretera a Colombia y los caminos vecinales de la región.
La situación es particularmente grave en los municipios de Cerralvo y Los Herreras, donde se encuentra una pedrera operada por la empresa Matrimar, desde la cual salen cientos de camiones al día. Los choferes reportan en audios que circulan en redes sociales que los delincuentes exigen mil pesos para permitirles circular, tanto en el viaje de ida como en el de regreso, principalmente en las carreteras que conectan a ambos municipios y en la Miguel Alemán.
A través de grupos de WhatsApp, los choferes se alertan mutuamente sobre la instalación de estos retenes, lo cual evidencia la complejidad de la situación.
No obstante, la amenaza no se limita a los camioneros, ya que las carreteras a Colombia y a Laredo también presentan peligros para la circulación de cualquier tipo de vehículo, exponiendo a los particulares a un riesgo constante.
La creciente complejidad de la situación en la zona fronteriza de Nuevo León, marcada por la presencia de grupos del crimen organizado y la inseguridad generalizada, ha llevado a la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León a emitir una serie de recomendaciones poco comunes para los viajeros que utilizan el Puente Internacional Colombia, ubicado al norte del estado.
Las sorprendentes sugerencias emitidas por este organismo del gobierno estatal buscan brindar una guía de seguridad a quienes planean cruzar la frontera, con el fin de minimizar los riesgos asociados con la región. Algunas de las recomendaciones incluyen:
México se enfrenta a una creciente crisis de derechos humanos en el ámbito de la migración interna forzada, una problemática que ha quedado en gran medida sin abordar por los gobiernos federal y estatales y ha recibido escasa atención pública. Esta crisis ha ido en aumento, y sus dimensiones siguen siendo desconocidas, mientras continúa afectando a miles de personas en el país.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se ha convertido en una de las principales fuentes de información sobre este fenómeno en México. Según sus datos, entre 2006 y 2020, aproximadamente 356,792 personas se vieron forzadas a abandonar los lugares que solían llamar hogar debido a diversas amenazas y formas de violencia.
Sin embargo, la situación se ha vuelto aún más alarmante en años recientes. En 2020, se reportaron 9,741 desplazamiento forzado, pero esta cifra aumentó drásticamente a 44,905 en 2021, lo que representa un incremento del 360% en un solo año. El año 2021 se destacó por ser el de mayor gravedad, con 40 eventos de desplazamiento interno forzado.
Los episodios de migración forzada se han extendido a lo largo y ancho del país, afectando a numerosos estados, entre ellos Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
De todos los casos de desplazamiento, el 87.5% corresponde a población de comunidades rurales, y el 41% a población indígena. No obstante, estas cifras podrían quedarse cortas, ya que la CMDPDH no toma en consideración los desplazamientos individuales que no llegan a la atención de los medios de comunicación.
En 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, que incluyó una pregunta sobre las causas de la “migración interna” y “migración internacional” ocurridas entre marzo de 2015 y marzo de 2020. Los resultados mostraron que 262,411 personas (53% mujeres) se vieron obligadas a cambiar de municipio o estado dentro de México debido a “inseguridad o violencia delictiva”, mientras que 24,376 personas (55% mujeres) lo hicieron debido a “desastres naturales”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, también del INEGI, arrojó resultados impactantes. En 2019, aproximadamente 371,000 personas cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, y esta cifra aumentó a alrededor de 912,000 en 2020.
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Con información de Reporte Índigo.
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