En una movida que ha desatado polémica y preocupación, Morena y sus aliados han avanzado en el Senado con un proyecto para restar facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de un plan que algunos críticos ven como un intento por debilitar al Poder Judicial.
En las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Legislativos, se ha propuesto quitarle dientes a jueces y magistrados, limitando la posibilidad de otorgar amparos y suspensiones de actos reclamados en efectos generales. Esta medida ha sido interpretada como una represalia del Legislativo tras decisiones judiciales que han frenado iniciativas clave del gobierno, como la Ley Eléctrica y megaobras de la administración actual.
El proyecto, impulsado por el senador Ricardo Monreal, busca eliminar los criterios jurídicos de salvaguarda constitucional y dar mayor peso a consideraciones políticas. Esta iniciativa ha generado críticas incluso dentro de Morena, donde se reconoce que acciones anteriores del partido han sido cuestionadas por su excesiva defensa de propuestas presidenciales.
Según el análisis jurídico presentado en las comisiones, la propuesta despojaría a los ciudadanos de medios de defensa judicial efectivos al prohibir la suspensión de leyes inconstitucionales, lo que podría tener graves consecuencias para la protección de derechos individuales y colectivos.
La exministra y ahora senadora morenista Olga Sánchez Cordero no pudo rebatir estos argumentos durante la sesión de comisiones, lo que resalta la gravedad de la propuesta y su impacto en la estructura del Estado de Derecho en México.
La medida también supondría un retroceso en la interpretación del amparo, pasando de proteger a la persona a favorecer intereses más amplios, lo que ha generado preocupación sobre el alcance del poder presidencial y su capacidad para perdonar o indultar incluso a miembros del crimen organizado.
A pesar de que el proyecto aún debe pasar por el pleno del Senado, la oposición ya se prepara para interponer una acción de inconstitucionalidad en caso de ser aprobado, argumentando que viola derechos adquiridos de los ciudadanos y contraviene principios fundamentales de protección a los derechos humanos. Este movimiento es visto como una amenaza al principio de progresividad en la garantía de los derechos individuales, que ha sido una piedra angular en la legislación mexicana desde la reforma constitucional de 2011.
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