En una decisión unánime, el Congreso del Estado de México aprobó medidas legislativas para combatir a las llamadas “madrinas” o “izquierdos” y, con ello, la usurpación de funciones policiales. Dicha pedida propone penas de prisión a aquellos que colaboren en la usurpación de funciones.
El término “madrinas” o “izquierdos” se refiere a personas que fungen como una especie de “ayudantía” no oficial de policías, investigadores e inspectores de dependencias públicas municipales y estatales,
El término “madrina” hace referencia a una figura que ofrece apoyo y respaldo a una causa o a una persona en un sentido similar al de una madrina en un bautizo o evento similar, donde la madrina ofrece su apoyo y protección.
Durante una sesión plenaria del pasado 19 de septiembre, representante de Morena, las y los diputados dieron su aval a reformas al Código Penal del estado, estableciendo penas de prisión de dos a siete años para aquellos encargados de la seguridad pública que colaboran en la usurpación de funciones y facilitar elementos como uniformes, insignias, vehículos oficiales o armas, con el objetivo de infundir temor en la sociedad a través de operativos o retenes falsos.
La propuesta, presentada por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez de Morena, tiene como objetivo abordar los abusos y extorsiones que lamentablemente son comunes, donde miembros de las fuerzas policiales recurren a individuos conocidos como ‘madrinas’ o ‘izquierdos’ para cometer delitos o actos arbitrarios. Estas personas son provistas de objetos falsos relacionados con las instituciones de seguridad, como uniformes, insignias y vehículos.
El legislador Ariel Juárez Rodríguez destacó que esta medida busca poner fin a tales prácticas y garantizar la integridad de la comunidad, así como fortalecer la lucha contra la usurpación de funciones. La sanción penal en estos casos representa un paso importante para disuadir y prevenir conductas delictivas en el ámbito policial.
Las reformas buscan generar un ambiente de seguridad y confianza en la población, así como promover un Estado de Derecho sólido y efectivo que brinde protección a la ciudadanía.
Hasta antes de dicha aprobación, no existía consideraciones legales específicas respecto a quienes colaboran en la realización del delito de usurpación de funciones, un vacío legal que busca subsanar la iniciativa de Ariel Juárez. En sus fundamentos, el legislador señala que mientras la ley sanciona a aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos sin tener tales atribuciones o nombramientos, no lo hace en la misma medida para los servidores públicos que, aun sabiendo que una persona carece de atribuciones legales para realizar actos de autoridad, avalan y coadyuvan en su actuar como si fueran parte de la institución a la que representan.
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