La ONU presentó un nuevo informe donde denuncia que en México reina una “impunidad casi absoluta” en los casos de desaparición forzada.
Avances limitados, impunidad “casi absoluta”
Tras el diálogo que mantuvo con representantes del gobierno de México (del 13 al 15 de septiembre), el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas publicó un informe en el que advierte que en el territorio mexicano persisten “una situación generalizada de desapariciones”, mientras que, en contraste, los avances en la persecución penal han sido limitados.
El Comité advirtió que en México no hay “una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones”, y puntualizó que en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero se ha registrado un aumento de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. En este contexto, enfatizó que hay una inadecuada investigación de los casos, misma que ha provocado que reine una “impunidad casi absoluta” en este delito. Debido a ello, el Comité pidió a las autoridades que garanticen una mayor transparencia en la materia.
De igual forma, el organismo criticó que algunas autoridades mexicanas aún mantengan la práctica de esperar 72 horas para presentar una denuncia de desaparición, lo cual impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.
No hay transparencia
El informe señala que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (que contabiliza 115,540 personas en esta situación desde 1962) no se ajusta a los estándares internacionales, por lo que solicitó a las autoridades garantizar la transparencia de la metodología que se utiliza para no poner en entredicho “la fiabilidad de los datos recolectados”.
En este sentido, destaca que en México hay existe “resistencia de algunas autoridades” para compartir la información que contiene el registro nacional, así como la falta de claridad sobre qué casos podrían ser desapariciones forzadas. Señala que los familiares de las víctimas enfrenta dificultades para acceder a los expedientes de investigación y al cierre espacios de participación, cuando en realidad son ellos quienes se encargan de las labores de búsqueda e investigación, que en realidad son responsabilidad del Estado.
Además, recibieron denuncias de periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas que han recibido amenazas, represalias e incluso han sido asesinados.
“Se han denunciado casos de revictimización, incluyendo señalamientos contra familiares” acusados de “ocultar el paradero de sus seres queridos”, advierte el documento.
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Con información de El Universal
