La Sedena fue acusada de ocultar información sobre la Guerra Sucia en México tras alterar, mutilar e inutilizar total o parcialmente expedientes sobre graves violaciones a derechos humanos.
El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), es el grupo encargado de investigar las violaciones graves a los derechos humanos durante la Guerra Sucia en México y lo integran Eugenia Allier, David Fernández, Carlos Pérez Ricart y Abel Barrera. Estos especialistas han investigado toda la información disponible sobre la represión que se vivió de los años 1965 a 1990 “con una narrativa que reivindique la dignidad de las víctimas y que contribuya a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición”.
Con base en su labor, el MEH denunció recientemente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por obstaculizar la consulta de documentación histórica en archivos militares. Mediante un comunicado, informó que, aunque el grupo cuenta con el respaldo del decreto presidencial de octubre de 2021 para consultar documentación de archivos militares relacionada con violaciones graves a los derechos humanos en el periodo mencionado, la Sedena ha obstaculizado en las últimas semanas.
Asimismo, enfatizó que la negación y obstaculización del Ejército para permitir la revisión de documentos ha ido incrementando con el paso del tiempo y ha llegado incluso hasta la alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes.
“A medida que avanzó la investigación, la que inició como una colaboración pasiva se convirtió en una obstrucción activa en la que se desacató la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad”, señaló el Mecanismo.
Según la denuncia del MEH, el Ejército ha censurado información al manipular documentos sobre la Guerra Sucia, pues logró detectarse que estos “pasaron por un proceso de censura por parte del equipo de oficiales militares involucrados en la atención al Mecanismo”. Además, reportaron la resistencia que pusieron los militares para proporcionarles la información en todo momento. Según relatan en el documento:
El MEH señala que la Sedena solo les permitió el ingreso al archivo y obstaculizó la consulta y la reproducción digital de los materiales. Indica que con estas acciones que buscan ocultar la información, el Ejército está perpetuando la impunidad, la opacidad y la injusticia respecto a las violaciones graves a derechos humanos de las que fue responsable de 1965 a 1990.
“Una vez que el MEH solicitaba los legajos identificados en la Sección de Concentración para la consulta, estos eran trasladados a la oficina de una de las personas oficiales del archivo, en donde la documentación era revisada por personal militar con el fin de censurar partes de la información.
Se sustraían partes de los documentos que contuvieran documentos considerados por los militares como inadecuados para la consulta por contener evidencia de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990. El Ejército encubre así a posibles perpetradores”.
Sobre esta censura relata varios ejemplos, como el caso del documento titulado Comité Nacional Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, informa que el “expediente contenía, según se pudo registrar inicialmente, informes de seguimiento al Comité. Cuando fue solicitado para su revisión en sala, se pudo constatar que de las 71 fojas iniciales, ya solo tenía 13″.
“La Sedena ha apelado a la protección de datos personales, a la seguridad nacional, a la conservación de buenas relaciones con otros países y al hecho de que solo puede obedecer aquello que se le ha mandado, para negar la revisión de expedientes y documentos”.
En este contexto, la Comisión de la Verdad reportó también la localización de fotografías de 1978 con imágenes de siete osamentas de personas que fueron ejecutadas en la década de los setenta. Se trata de imágenes de personas que fueron detenidas y desaparecidas en un centro clandestino que había en el cuartel de la 9ª Zona Militar en Culiacán, Sinaloa.
“Aquello fue consignado como un ‘enfrentamiento’, difiriendo con los familiares y testigos de lo que presuntamente fue una masacre y una ejecución sumaria”, indica el informe.
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