En una revelación impactante, un informe de la organización International Crisis Group detalla cómo Fuerzas Especiales del Ejército mexicano eliminaron a cerca de 400 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán durante el otoño de 2021. Los cuerpos fueron desaparecidos con la colaboración de un grupo criminal local, en un intento por borrar cualquier evidencia de las ejecuciones.
El documento titulado El laberinto de los generales: crimen y militares en México describe una operación militar en la que las fuerzas armadas adoptaron un enfoque severo contra el avance del CJNG en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Esta operación resultó en la muerte de numerosos miembros del cártel y en su posterior desaparición con ayuda de un grupo criminal local, quien se encargó de ocultar los cuerpos en fosas clandestinas. La intervención se intensificó después de que un líder criminal destacara la ineficacia del despliegue militar previo en la región.
Según el informe, hubo una colaboración de facto entre el Ejército, funcionarios locales y criminales para combatir al CJNG. Esta alianza poco convencional incluyó coordinaciones y combates conjuntos, lo que subraya la complejidad y la gravedad de los conflictos en estas zonas. Este esfuerzo conjunto fue respaldado inicialmente con ciertas reticencias, debido a preocupaciones sobre posibles acusaciones de crímenes contra la humanidad.
El informe apunta a que las muertes de los combatientes del CJNG no se reflejan en las estadísticas oficiales de homicidios o desapariciones, lo que sugiere una manipulación o falta de registro de estos incidentes. A pesar de la magnitud de la operación, el CJNG logró reorganizarse y continuar sus actividades delictivas, lo que indica la dificultad de erradicar a estos grupos con acciones militares aisladas.
Cuando se buscó la postura oficial del gobierno y del Ejército sobre estos eventos, las autoridades rechazaron dialogar con los investigadores de International Crisis Group. Este silencio administrativo plantea serias preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las estrategias de seguridad pública en México.
En localidades como Vistahermosa, las tensiones se mantienen altas, con reportes de nuevos ataques por parte del CJNG, incluso contra instalaciones de la Guardia Nacional. Estos eventos destacan la capacidad del cártel para recuperarse y rearmarse, desafiando así los esfuerzos de seguridad del estado.
Líderes criminales entrevistados por el International Crisis Group admiten abiertamente la estrategia de ‘reposición humana’, donde los grupos rápidamente reemplazan a sus miembros caídos, manteniendo así un ciclo constante de violencia y confrontación.
Las comunidades afectadas por estos enfrentamientos y desapariciones sufren no solo la pérdida de seguridad y estabilidad, sino también un deterioro en la confianza hacia las autoridades. El miedo y la incertidumbre dominan el día a día de estos ciudadanos, quienes a menudo se ven atrapados en el fuego cruzado de estas luchas territoriales.
El reporte critica cómo las autoridades pueden estar manipulando las estadísticas de violencia y criminalidad para presentar una imagen menos grave de la situación de seguridad, lo cual es un tema recurrente en las discusiones sobre la política de seguridad mexicana.
El informe analiza cómo la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido implementada en la práctica, especialmente en regiones con altas tasas de violencia. Se sugiere que ha habido una oferta tácita del Estado a los grupos criminales para reducir la violencia visible a cambio de cierta autonomía.
Según testimonios, en algunas áreas, las operaciones militares han disminuido significativamente, permitiendo a los grupos criminales mantener un control territorial sin mucha interferencia del Estado. Estos pactos no declarados entre criminales y autoridades ponen en cuestión la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad.
El gobierno ha sido criticado por su falta de acción decisiva y por sus respuestas evasivas cuando se enfrenta a cuestionamientos sobre su manejo de la violencia y los grupos criminales en el país. La renuncia de funcionarios clave y las declaraciones contradictorias de las autoridades refuerzan la percepción de una gestión ineficaz y, a veces, cómplice.
El informe detalla cómo las autoridades y los grupos criminales han colaborado en ocultar las evidencias de violencia, como asesinatos y desapariciones forzadas, para mantener una apariencia de control y estabilidad.
La comunidad internacional, a través de informes como el de International Crisis Group, ha aumentado la presión sobre el gobierno mexicano para que aborde estos temas con mayor seriedad y transparencia. La falta de cooperación con investigadores y la reticencia a dialogar son vistas como señales alarmantes de negligencia o complicidad.
Familiares de las víctimas y activistas demandan que se haga justicia y que los responsables de las operaciones y desapariciones sean llevados ante la justicia. Esta es una lucha continua que busca romper el ciclo de impunidad que ha caracterizado muchos de estos casos.
El informe plantea serias dudas sobre la sostenibilidad y ética de las actuales políticas de seguridad. Es crucial que se realicen cambios para asegurar que las estrategias no solo sean efectivas sino también respetuosas de los derechos humanos y de la ley.
Mientras México se prepara para futuras elecciones y cambios políticos, el tema de la seguridad sigue siendo un punto clave. La sociedad mexicana y sus líderes deben decidir el camino a seguir, que idealmente debería incluir un enfoque más integral y respetuoso hacia la resolución de estos profundos problemas de violencia y criminalidad.
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