En un atentado para la democracia mexicana, el actual proceso electoral ha demostrado ser el más violento en años recientes, con un incremento dramático en las cifras de violencia política. Según el último informe de Integralia Consultores, hasta el momento se han contabilizado 560 víctimas de violencia política, de las cuales 208 son aspirantes o candidatos a puestos de elección, representando el 37% del total.
Espiral de violencia en el proceso electoral
Esta cifra no solo refleja un aumento del 87% en comparación con el proceso electoral 2020-2021, sino que también subraya una preocupante tendencia hacia la inseguridad en el ámbito político.
Con una proyección que sugiere que el número de víctimas podría superar las 630 después de las elecciones, este ciclo electoral podría ser recordado como uno de los más sangrientos. Los datos muestran que marzo y abril fueron particularmente letales, con cifras que superaron el promedio mensual de 70 víctimas en un 108% y 122% respectivamente. Estos números no solo subrayan la gravedad del problema, sino que también ponen en perspectiva el desafío que enfrentan las autoridades y la sociedad en su conjunto para garantizar elecciones seguras y justas.
Un mosaico de violencia y intimidación
El análisis de Integralia revela que la violencia no se limita a los candidatos y aspirantes, sino que se extiende a un amplio espectro de figuras políticas y civiles. Funcionarios y exfuncionarios públicos, políticos y expolíticos, así como familiares de actores políticos y víctimas colaterales, figuran entre los afectados. Esta diversidad en las víctimas refleja una compleja red de intereses y conflictos que se extienden más allá de las disputas electorales tradicionales, abarcando luchas por el control territorial y el poder local.
Las formas de agresión son igualmente variadas, incluyendo desde asesinatos, amenazas y atentados hasta desapariciones y secuestros. Las amenazas son la forma más común de agresión, con un total de 126 incidentes, seguidas de cerca por 195 asesinatos y 102 atentados. Estos ataques no solo buscan eliminar a rivales políticos, sino también sembrar el miedo y la incertidumbre entre la población y los contendientes.
Focos rojos en el mapa electoral
Los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas se destacan como los más afectados, con el mayor número de víctimas registradas. Dentro de estos estados, la violencia no se distribuye uniformemente, sino que se concentra en ciertas localidades, lo que sugiere que la delincuencia organizada y otros actores armados buscan influir en los resultados electorales y afianzar su control sobre territorios estratégicos.
El partido político Morena ha sido el más afectado, con 41 víctimas, seguido por el PAN con 36 y el PRI con 29. Estas cifras no solo hablan del riesgo que enfrentan los candidatos de estos partidos, sino también de la intensidad de la competencia política en regiones donde el control del gobierno local es especialmente valioso.
Un futuro electoral bajo amenaza
Conforme se acerca el día de las elecciones, la expectativa de una escalada en la violencia es alta. Expertos y analistas, incluyendo a exconsejeros electorales y a candidatos que han sobrevivido a intentos de asesinato, advierten que la situación podría deteriorarse aún más. La comunidad internacional y las organizaciones locales de derechos humanos están observando con preocupación, esperando que las autoridades puedan tomar las medidas necesarias para proteger el proceso electoral y a sus participantes.
Este escenario no solo pone a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas de México, sino que también demanda una respuesta decidida y coordinada para asegurar que la voluntad del pueblo pueda expresarse libremente y sin miedo en las urnas.
