En un clima de acusaciones y tensiones dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ha ofrecido una voz de moderación y reflexión. Durante su participación en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia celebrado en Oaxaca, González Alcántara destacó la importancia crucial del respeto a la Constitución como pilar del sistema judicial y de la gobernanza democrática.
“No estamos en periodos de cacerías de brujas… son periodos de rendición de cuentas”, declaró el ministro, enfatizando que el actual contexto no es para persecuciones sin fundamento, sino una oportunidad para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los asuntos públicos. Este enfoque busca asegurar que la justicia en México sea percibida como justa, imparcial y, sobre todo, alineada con los principios constitucionales y los derechos humanos.
El escenario se complicó aún más cuando el exministro Arturo Zaldívar, en el centro de las investigaciones en su contra por cohecho y tráfico de influencias, anunció su intención de solicitar un juicio político contra la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández.
La respuesta del sistema judicial no se hizo esperar: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestaron su apoyo incondicional hacia Piña, calificando las acciones de Zaldívar como parte de una estrategia de difamación.
La relevancia de la reforma al artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF, actualizada en 2020, es crucial en este contexto. Esta reforma permite que, incluso sin pruebas concretas pero basándose en indicios circunstanciales de irregularidades, se puedan iniciar investigaciones administrativas. Esto subraya un cambio significativo en la gestión de acusaciones dentro del PJF, promoviendo una mayor diligencia y responsabilidad en la supervisión de la conducta de los servidores públicos.
Esta confrontación expone las profundas divisiones dentro del PJF y destaca los desafíos persistentes en la lucha contra la corrupción y el abuso de autoridad en México. La situación actual enfatiza la urgente necesidad de fortalecer las instituciones judiciales para preservar su integridad y la confianza pública. La defensa de los principios constitucionales y el rechazo a las presuntas prácticas corruptas por parte de figuras como Arturo Záldivar no solo son fundamentales para restaurar la imagen del PJF, sino también para asegurar que la justicia en México se administre de manera equitativa y transparente. La crisis actual podría ser un punto de inflexión para el PJF, proporcionando una oportunidad para realizar reformas duraderas que mejoren la eficacia y la equidad del sistema judicial mexicano.
Los desarrollos recientes en el Poder Judicial de la Federación subrayan la importancia de un enfoque equilibrado y principista en la gestión de las crisis internas. Las declaraciones de Juan Luis González Alcántara Carrancá y el apoyo institucional a Norma Lucía Piña Hernández reflejan un compromiso con la justicia y la transparencia. Este período de crisis puede ser también un catalizador para reformas significativas que consoliden la confianza en las instituciones judiciales y promuevan un futuro más justo y responsable para el sistema de justicia de México.
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