Presidenta de la SCJN y del CJF ordenó se inicien indagatorias contra el hoy integrante de la campaña de Sheinbaum
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han iniciado una meticulosa investigación formal contra el exministro y presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y varios funcionarios y exfuncionarios cercanos.
De acuerdo con información revelada por el periodista de investigación Arturo Ángel, para el portal especializado en temas judiciales “Notitia Criminis” la indagatoria surge de una denuncia anónima que ha destapado una presunta red de corrupción y tráfico de influencias encaminada a manipular decisiones judiciales para beneficiar intereses privados y políticos, mismas que habrían sido orquestadas por el ministro en retiro, que renunció a la Corte para incorporarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
Norma Piña Hernández, presidenta actual de la SCJN, ha autorizado a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas amplias facultades para recopilar todas las pruebas necesarias que arrojen luz sobre estas graves acusaciones, lo anterior mediante el acuerdo de investigación J/108/2024, fechado el 9 de abril del 2024.
Detalles profundizados de las acusaciones
Entre los acusados destacan figuras como Netzaí Sandoval Ballesteros, actual jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres, y Carlos Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia de la Corte.
Estas figuras son señaladas por su participación activa en influir en resoluciones judiciales bajo la dirección de Zaldívar, utilizando su posición para obtener beneficios económicos desmedidos, incluyendo la adquisición de propiedades lujosas y otros activos de valor considerable.
Juez Delgadillo Padierna
En el marco de la investigación formal que se lleva a cabo contra el exministro Arturo Zaldívar y allegados, se ha puesto especial atención en el comportamiento de ciertos jueces y magistrados que habrían cedido ante las presiones ejercidas por Zaldívar para favorecer intereses del ejecutivo federal. Un caso emblemático es el del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
El Juez Delgadillo Padierna es señalado por dictar resoluciones que presuntamente favorecían los intereses del ejecutivo, incluyendo la polémica prisión preventiva impuesta a Rosario Robles. Lo notable de este caso es que Delgadillo Padierna, cuya función primaria era administrativa debido a su rol como juez administrador en el contexto de la Reforma Penal, no debería haber tenido la facultad de tomar decisiones jurisdiccionales de tal magnitud.
Se destaca además que existió un conflicto de intereses notable debido a la relación familiar de Delgadillo Padierna con Dolores Padierna, prominente figura del partido Morena, lo cual plantea preguntas sobre la imparcialidad en sus decisiones judiciales. Este conflicto se ve agravado por la complicidad reportada con la Unidad para la Consolidación de la Reforma Penal, que supuestamente coadyuvó en las acciones que transgredieron la independencia judicial.
Otro aspecto crítico de la investigación se refiere a los abogados Juan Arango Riva Palacio, Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arau, vinculados a Julio Scherer. A pesar de contar con pruebas suficientes para procesarlos, estos individuos obtuvieron autos de no vinculación a proceso por parte de Delgadillo Padierna, lo que sugiere una posible influencia indebida y una manipulación del sistema judicial para proteger a figuras conectadas políticamente.
Beneficios para los implicados y la extensión del poder
Más de 50 jueces y magistrados podrían estar involucrados en este esquema de corrupción, habiendo sido coaccionados para actuar bajo las órdenes de Zaldívar. Los beneficiados por estas prácticas incluyen a candidatos a cargos en el Consejo de la Judicatura Federal, propuestos por el senado bajo la influencia de Zaldívar, destacando la manipulación política dentro del sistema judicial para favorecer intereses particulares.
Colaboración con el Poder Ejecutivo
El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, también ha sido mencionado como parte de la red de corrupción, trabajando en conjunto con Zaldívar para manipular diversos casos legales. Esta colaboración subraya la intrincada red de tráfico de influencias que se extiende más allá del Poder Judicial, permeando altos niveles del gobierno y afectando la integridad de la administración pública.
Delitos adicionales y abusos
Las acusaciones se extienden a otros delitos graves, incluyendo violencia sexual, de género y acoso laboral. Figuras clave como Arely Gómez y Jaime Santana Turral, en roles importantes durante la gestión de Zaldívar, son acusadas de encubrir denuncias de acoso sexual y maltratos, contribuyendo a un ambiente de trabajo tóxico y abusivo.
Impacto y consecuencias de la Investigación
La investigación está en proceso y podría resultar en severas sanciones administrativas y penales para los implicados si se confirman las acusaciones. Este caso no solo destaca los desafíos dentro del sistema judicial mexicano, sino que también subraya la necesidad urgente de reformas para asegurar la independencia y la integridad judicial.
La comunidad legal y la sociedad mexicana observan de cerca, esperando que la justicia prevalezca y que se restaure la confianza en las instituciones judiciales del país. Este escándalo podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en México, marcando el comienzo de un cambio significativo hacia una mayor rendición de cuentas y ética en el poder judicial.
