En un informe publicado recientemente, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA), el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, han levantado serias preocupaciones sobre las iniciativas de reforma constitucional propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas reformas, presentadas al Congreso mexicano en febrero de 2024, apuntan directamente a modificar la estructura y la operación del poder judicial federal en el país.
Comprometen la imparcialidad judicial
Según el análisis de estas prestigiosas instituciones, las propuestas representan una amenaza significativa a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho en México. El informe advierte que las reformas podrían deteriorar gravemente los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos al debilitar los mecanismos judiciales que protegen estas libertades.
Entre los cambios más controversiales se encuentra la propuesta de elección popular para juezas, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reducción de sus mandatos y la vinculación de sus salarios al del poder ejecutivo. Además, se propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían elegidos por el voto público.
Impacto profundo y controversial
Estas modificaciones, según Víctor Oléa Peláez, presidente de la BMA, podrían resultar en un golpe devastador a la imparcialidad y la independencia que deben caracterizar al poder judicial. El informe destaca que la experiencia internacional, particularmente en países como Bolivia y Estados Unidos, muestra que la elección de jueces por voto popular puede comprometer su independencia y neutralidad.
Amit Singh, profesora de la Facultad de Derecho de Stanford, subraya que estas reformas politizarían el poder judicial, afectando la capacidad de los jueces para actuar como un verdadero contrapeso al abuso de poder. Los jueces, bajo este nuevo sistema, podrían sentirse obligados a dictar sentencias que favorezcan a los grupos de poder y a la base electoral, en lugar de basarse en los hechos y la ley.
El informe también critica la propuesta de reducir los mandatos judiciales para alinearlos con el sexenio presidencial, lo que añadiría una capa adicional de politización sobre el proceso de selección judicial. La instauración de un Tribunal de Disciplina Judicial con miembros elegidos popularmente y cuyas decisiones serían definitivas e inapelables, podría ser utilizado para sancionar a jueces que emitan fallos contrarios a los intereses del gobierno en turno.
Reacciones y consecuencias a largo plazo
Con las elecciones del 2 de junio de 2024 acercándose, donde los mexicanos elegirán a su próximo presidente y legisladores, una mayoría legislativa para el partido gobernante Morena podría facilitar la implementación de estas reformas. Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, ha expresado su apoyo a la elección de jueces por votación popular, lo que suscita preguntas sobre cómo su posible presidencia podría influir en la aplicación de estas políticas.
Tamara Taraciuk Broner, del Diálogo Interamericano, resalta que durante el mandato de López Obrador, ha habido un esfuerzo constante por socavar las instituciones independientes. Según Broner, la protección de la independencia judicial y el Estado de derecho debería ser prioritaria en el debate público, especialmente en un momento en que la democracia mexicana enfrenta una prueba crucial.
Este informe hace un llamado a la sociedad mexicana para que considere detenidamente las implicaciones de estas reformas, no solo en términos de gobernanza interna, sino también en su reputación y relaciones internacionales, enfatizando la necesidad de preservar un sistema judicial fuerte e independiente como pilar de cualquier democracia saludable.
