Las 3 del día

Lo inmoral de la 4T

Raymundo Riva Palacio

La moral para el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos caras. La de sus adversarios y oponentes, donde todos son inmorales y por tanto corruptos, y la de él, donde nadie es inmoral ni corrupto porque como él no lo es, tampoco el resto. “Somos diferentes”, dice con frecuencia, “no somos iguales”. Sus dos visiones de moral, sin embargo, se mueven bajo los mismos referentes que en el pasado. Su aplicación es discrecional, y cuando se le llega a confrontar con una contradicción, evade. Es lo que está tratando de hacer luego que Carlos Urzúa, en su carta de renuncia como secretario de Hacienda, denunció la existencia de conflictos de interés de “personajes influyentes del actual gobierno”. López Obrador respondió: “Yo no veo conflicto de interés”.

Tampoco lo vio nunca el expresidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la casa blanca, pero a finales de noviembre de 2014 López Obrador dijo que era “un soborno, un moche” el hecho que una constructora, que hizo obra pública en el Estado de México, hubiera adquirido una residencia para su exesposa. Dijo que con acciones como esa “supuesta” compra de la casa “se está pisoteando, socavando, manchando, degradando la institución presidencial”.

Peña Nieto incurrió en un claro conflicto de interés. Se da cuando un interés personal, familiar, profesional, laboral o de negocios puede afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones públicas, y lo limita o le impide cumplir plenamente con sus responsabilidades. Pero también se da cuando provoca la percepción de corrupción que genera ilegitimidad, que es lo que sucedió en el caso de la casa blanca.

La carta de Urzúa es clara, pero a la vez medrosa, al denunciar los conflictos de interés, sin decir de quién se trata, o de qué se trata. Cuando uno conecta sus reclamos de imposición de personas sin experiencia en el sector hacendario, con influencia en Palacio Nacional que incurre en conflicto de interés, es claro que se refiere al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, un empresario que es responsable de la banca de desarrollo –contra la ley que le da esa facultad sólo a la Secretaría de Hacienda–, que apoya proyectos empresariales, como podrían ser los personales. También controla a Margarita Ríos-Farjat, jefa del Sistema de Administración Tributaria, donde el sector empresarial es el más revisado de todos por ser el mayor contribuyente.


Gobierno de 7 a 9

Salvador Camarena

Cuánto le cuesta al país una hora desperdiciada por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cientos de miles de pesos? ¿Millones de pesos? ¿Más?

Cuánto le representa en pérdidas a México el hecho de que el secretario de Agricultura sea mudo testigo de largos soliloquios presidenciales. Cuánto hemos perdido al tener al director de Pemex Octavio Romero aplastado en la mañanera sin poder aportar nada, porque su turno de exponer ya pasó pero el Presidente sigue hablando. (Por otra parte, queda claro que todo el tiempo que Rocío Nahle es anulada en una silla en Palacio Nacional es en beneficio del país).

En esto de los actos oficiales de la Presidencia, pasamos del mantel verde con la severa figura de Venustiano Carranza detrás, a las austeras sillas con fondo marrón de las mañaneras.

Los actos oficiales murieron. No que muchos vayan a extrañar tan rancios formalismos, donde en un salón el presidente de la República llegaba como recién bañado, oía comedidos discursos, cerraba con una alocución más bien anodina y retórica, y listos la foto y el video que mostraban que México estaba en pie, arriba y adelante, compañeros, movamos el país, concertemos los acuerdos, cambiemos la realidad… desde las apoltronadas sillas de Los Pinos.

Ahora lo público del gobierno ocurre a lo largo de dos horas (a veces un poco más) de cada mañana de día hábil. La mañanera ha mutado de supuesta rueda de prensa a espacio para todo tipo de actos oficiales.


Baja California, laboratorio para eternizar a AMLO

Pablo Hiriart

El lunes el Congreso de Baja California votó por la ampliación a cinco años del mandato como gobernador del morenista Jaime Bonilla, que fue electo por dos años.

Más claro ni el agua: si pasa esa maniobra anticonstitucional en Baja California, pasará también en el Congreso federal la ampliación del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

La ambigua respuesta del Presidente a la pregunta de si el caso Baja California serviría como antecedente para otras ampliaciones de gobernantes en el poder, confirma que en el norte del país se fragua un experimento letal para la democracia.

“No, no creo que suceda (que BC sea un antecedente), ya son otros tiempos. ¿Saben por qué no sucede? Porque antes esas cosas se ordenaban desde la Presidencia, ahora no, y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes”.

¿No creo? ¿Cómo que “no creo”?

No es un asunto de fe, sino el mayor atentado a la vida democrática desde hace varias décadas.

El Presidente tendría que manifestar su más contundente reprobación a esa maniobra y no lo hizo. Lo dejó en el aire: “no creo”.


Las tres del día es un ejercicio de compartir columnas que tratan los temas más importantes del día. Pueden leerse en su totalidad en los links correspondientes.

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