Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en febrero aseguró que el costo de la cancelación del NAIM en Texcoco, no rebasaría los 100 mil millones de pesos. Sin embargo, el costo lo tendrán que pagar todos los mexicanos, al menos, por 21 años.
Según el columnista Carlos Loret de Mola, en la zona del Golfo de México, donde se realizaría una eventual refinería en Dos Bocas, Tabasco, existen en operación al menos 60 refinerías más, principalmente en Texas y Lousiana. Además, el Instituto Mexicano del Petróleo, a través de un estudio pedido por la nueva administración, destacó que la refinería no es rentable, ya que su costo se elevaría a 14,000 millones de dólares, pagaderos en varias décadas. Incluso, el columnista refiere que sería mejor comprar una refinería usada en Texas, de las varias que están en venta con esquemas más rentables.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se contempló la cancelación de recursos para el programa Pueblos Mágicos, y para su liquidación, destinó 589 millones de pesos para los 121 Pueblos Mágicos del país en este 2018; sin embargo, especialistas en materia turística destacaron que la medida representa un retroceso en materia turística, así como la cancelación del Consejo de Promoción Turística en el país.
En gira, el ahora Presidente de la República aseguró que se le daría prioridad a todas las obras de infraestructura inconclusas, sin embargo, hace unos días, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que para concluir la ampliación de la Línea 12 del Metro –con la que el tren compartirá terminal en Observatorio– se requerirán 25,000 millones de pesos, luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para 2019 solo se asignarían 3,000 millones de pesos.
Cancelación de las Rondas que en materia de hidrocarburos se tenían previstas para este año en la Reforma Energética. Asimismo, la cancelación de la Cuarta Subasta fue una mala noticia para la inversión en energías renovables. Globalmente, las Subastas son el instrumento que más popularidad ha adquirido en últimos años para apoyar la transición a energías limpias. De 2005 a 2013, el número de países que implementaron subastas pasó de 7 a 45. Para 2017, este número ya era 84. En México, se espera que demanda por electricidad crezca de manera dramática, sin embargo, el gobierno apuesta a energías contaminantes.
La administración pública federal que inició en diciembre estrenó la figura legal de Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, un puesto que se creó para que Andrés Manuel López Obrador controle 32 superdelegados que llevarán los programas sociales en las entidades y que serán enlace entre los gobernadores y el presidente, lo que no ha existido en ninguna otra administración. Sin embargo, el esquema ha tenido un fuerte cuestionamiento por parte de los gobernadores, ya que refieren un uso de control político y económico. David Alfaro, gobernador de Jalisco, ha sido de los más críticos a este esquema.
Otro de los desajustes a la economía fue el desabasto de gasolina. Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la medida tuvo un costo de 20,000 millones de pesos a la economía nacional, aparte de la incertidumbre social que vivieron varias entidades durante la contingencia, aunque la medida gozó de gran popularidad entre la población. Asimismo, en Michoacán hubo un bloqueo de vías férreas que propició mucha afectación en el transporte de mercancías que tendrá impacto en la economía estatal.
Petróleos Mexicanos (Pemex) encabeza la lista de las petroleras más endeudadas del planeta por arriba de la brasileña Petrobras y la venezolana PDVSA.. En febrero el Gobierno Federal presentó un “Plan de Fortalecimiento de Pemex” para inyectarle recursos frescos y reducir su carga fiscal. Sin embargo, las agencias calificadoras consideraron que fueron medidas insuficientes.
Los tres programas sociales insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, requerirán por lo menos 250,000 millones de pesos para otorgar los subsidios a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad; sin embargo, el espacio fiscal que hay en el presupuesto vigente para gasto social es limitado, señaló la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), que además señaló, “hay 50 programas sociales con desempeño opaco”.
Hace unos días, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) aseveró que en el sector infraestructura, el presidente debe permitir una libre competencia para que no solamente el Ejército mexicano realice las grandes obras, como el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, sino que se permita una competencia a través de licitaciones abiertas en bien de las pequeñas y medianas empresas y los desarrolladores que obra, que cuentan con más experiencia.
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