La denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), involucra a varias personas en hechos delictivos que sucedieron durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Entre los involucrados se encuentran los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, y Carlos Salinas de Gortari.
También se menciona a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Uno de los principales responsables según Lozoya, es el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso.
Otros mencionados son los exsenadores Francisco Javier Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas), Francisco Domínguez Servién (actual gobernador de Querétaro), Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, David Penchyna Grub y Ernesto Cordero.
Por último, se encuentra José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, quienes se desempeñaron entre otros cargos como directores de Pemex y Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado.
Lozoya afirma que desde el sexenio de Felipe Calderón, se pagaron sobornos para favorecer a la empresa Braskem, filial de Odebrecht. El mandatario estaba enterado y entre los que recibieron estos pagos estuvo Ernesto Cordero y José Antonio Meade.
De igual manera menciona que Odebrecht pagó millones de dólares para apoyar la candidatura de Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012. También narra las presuntas presiones del expresidente Carlos Salinas de Gortari para entregar recursos y contratos a integrantes del PAN.
Afirma además que se entregaron una serie de sobornos y pagos a legisladores, para que aprobaran la Reforma Energética.
La Fiscalía General de la República lamentó la filtración y dijo que investigará a quien lo haya realizado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó su postura esta mañana y dijo que todo mundo debería ver esta denuncia. A pesar de que la denuncia menciona a expresidentes, López Obrador reiteró que sólo se debe juzgar si antes hay una consulta organizada por el pueblo.
Según especialista la filtración de esta denuncia, así como la del video dónde se ve a exfuncionarios del Senado recibiendo dinero, podría afectar el proceso legal.
Si eventualmente se corrobora que la filtración vino de las autoridades, se podría contaminar el proceso y un juez podría decretar nulas las pruebas presentadas.
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