Jorge Suárez Rocha
Para los ciudadanos del país, no hay institución más confiable que las fuerzas armadas. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada el 19 de octubre pasado, el 85.9 por ciento de la población confía en la Marina. El Ejército tiene la confianza del 83.6 por ciento. Una dependencia de seguridad de reciente creación, la Guardia Nacional se encuentra en tercer lugar con un 73.1 por ciento.
Muy por debajo se encuentra la desaparecida Policía Federal con 63.4. Más abajo queda la Policía Estatal con 52.1 y la Municipal con 43.7 por ciento.
Es de resaltar que la Guardia Nacional está en su mayoría conformada por militares y en menor medida, por exelementos de la Policía Federal.
Desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, que inició el presidente Felipe Calderón, las fuerzas armadas han sido el brazo fuerte de la estrategia para frenar esta problemática.
Sin una preparación adecuada y violando lo marcado por la Constitución, el Ejército asumió funciones de seguridad que no le corresponden. Dejaron los cuarteles y sus elementos fueron enviados a las zonas más conflictivas del país. Desde que comenzó su operación, las quejas por su labor han sido la constante.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó en días recientes el estudio “Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018)”.
En este documento da información sobre el actuar del Ejército y su papel en episodios lamentables del país.
Entre el primero de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2019, Fiscalía General de la República registró 13 mil 560 investigaciones penales por el delito de tortura. Las dos dependencias que tenían el mayor número de denuncias eran la Sedena con mil 609 y Marina con 780.
El 99.81 por ciento de los casos han quedado impunes. Solo 18 denuncias tuvieron una sentencia condenatoria.
Golpes, tortura sexual, tocamientos lascivos, desnudez forzada y violación sexual, son algunos de las acciones que cometía de manera regular los elementos del Ejército y Marina.
En abril de 2016, se filtró un video en el que se observa a elementos del Ejército torturando a una mujer que habían detenido. El hecho causó indignación y días más tarde el entonces Secretario de la Defensa Personal, Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública.
“Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen no sólo incumplen la ley, sino que no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”.
Cienfuegos se encuentra actualmente preso en Estados Unidos, en espera de un juicio por sus nexos con el crimen organizado.
La CNDH tiene identificadas a 119 víctimas de desaparición forzada en las participaron miembros de las fuerzas armadas. En 88 fueron elementos de la Sedena y en 31 de la Semar.
Entre 2006 y 2019, elementos de las fuerzas armadas asesinaron a por lo menos 365 personas, mismas que no tenían ninguna relación con el crimen organizado.
En marzo de 2010, elementos del Ejército Mexicano tuvieron un enfrentamiento en las calles de Monterrey, Nuevo León. Luego de una persecución, los militares entraron a las instalaciones del Tec de Monterrey donde abrieron fuego contra dos estudiantes. Los mataron a menos de un metro de distancia.
Posteriormente alteraron la escena del crimen y afirmaron que se trataba de sicarios que iban armados “hasta los dientes”. Días después se supo que esto era mentira. Ningún elemento del Ejército se encuentra preso por estos hechos.
La forma de actuar del Ejército ha sido similar en múltiples casos. Primero detiene a alguien por una actitud sospechosa. Aquí pueden suceder dos escenarios. En el primero, los militares matan al sospechoso y mienten en la manera en que sucedieron los hechos. En el segundo caso, se realiza la detención, se tortura a la persona y posteriormente es asesinada.
El actual gobierno ha dado aún más poder a los militares. La misma Guardia Nacional está controlada por militares, en lugar de tener un mando civil como manda la Constitución. La detención de Salvador Cienfuegos es una muestra de qué tan infiltrado se encuentra el crimen organizado en el Ejército.
Muchos de los actuales grupos criminales, tienen entre sus filas a exmilitares. Decir que el Ejército no es corrupto y está limpio es mentir.
Sin embargo, no hay señales de que el gobierno pretenda cambiar su estrategia, sino que por el contrario, seguirá dando más poder a las fuerzas armadas.
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