Tren Maya a medias, no se podrá construir un fragmento debido a suspensión

Un juzgado en Campeche otorgó una suspensión definitiva a comunidades indígenas pertenecientes al pueblo maya peninsular y chol, contra la ejecución del proyecto de Tren Maya, en el tramo de Bacalar a Escárcega. Es decir, se detendrá la construcción del mismo hasta que se resuelva la situación.

“Estamos contentos porque no se hizo lo que quería Fonatur, ni el ejecutivo federal de cancelarnos la suspensión; estamos satisfechos, pero no conformes”, indicó Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

Van a impugnar

A su vez, adelantó que van a impugnar esta resolución porque se busca que se suspenda todo el proyecto en el territorio donde va a pasar y no en una sola zona. “No se puede entender la parte que suspenden de Calakmul, sin entender todo el proyecto de desarrollo del Tren Maya”, expresó.

No se puede entender, añadió, el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, sin proteger la integridad de sus tierras y territorios. “No puedes decir nada más en esta parte sí se aceptan los derechos humanos, pero en todo lo demás no”.

Origen del problema

El año pasado, el gobierno federal realizo una encuesta entre la población indígena para saber su opinión sobre la construcción del Tren Maya. La consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa porque la comunidad no recibió información detallada con antelación suficiente.

De la misma manera, los indígenas afirman que tampoco se respetó su derecho a la participación, además, antes de realizar la consulta, ya se había anunciado la aprobación del proyecto por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad.

En el amparo también denuncian que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No saben cómo los va a afectar

Los indígenas dicen que a pesar de que han pedido información a las autoridades, estas se las han negado. Tampoco les han entregado los estudios de impacto ambiental. Pusieron de ejemplo la comunidad de Calakmul, donde la falta de agua es un problema y no han explicado de dónde saldrá el líquido para satisfacer no solo al pueblo, sino a los turistas que lleguen. Las comunidades también hicieron un llamado  a otras organizaciones y pueblos para que interpongan amparos y documenten las violaciones a los derechos humanos.