En la sesión de este martes se resolvió desestimar los artículos en el Código Penal de Coahuila que penalizan el aborto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió declarar la invalidez de pena de cárcel contra las mujeres que abortan en el Código Penal de Coahuila. Hasta ahora ocho de los 11 ministros se habían pronunciado por declararlo inconstitucional. En este estado se sanciona con tres años a mujeres que deciden practicarse un aborto.
De acuerdo con la última reforma constitucional al Poder Judicial, si la votación de los Magistrados resultaba en mayoría calificada, la decisión de la Corte tendría efectos generales, anulando la prohibición absoluta del aborto en todo el país.
Al inicio de la sesión de este lunes, el magistrado Luis María Aguilar Morales dijo que se trata de una discusión histórica, pues será la primera vez que un tribunal constitucional de América Latina se pronuncie sobre el derecho humano de la mujer a determinar sobre su cuerpo.
Aguilar Morales también propuso invalidar la mayoría de los artículos del Código Penal de Coahuila que castigan la interrupción voluntaria del embarazo.
“No tiene cabida ninguna postura paternalista que diga que las mujeres deben ser protegidas de la toma de sus propias decisiones, ni tampoco un control estatal basado en prejuicios”.
En su intervención, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinó que no es papel de la Corte enjuiciar la moralidad de la interrupción del embarazo, sino el análisis jurídico sobre si es válido o no condenar a prisión a quienes toman esta vía. Afirmó que, con base en los artículos primero y cuarto de la Constitución, sí existe un derecho al aborto, y pidió a los ministros asumirlo sin regateos.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, coincidió en los puntos principales, sin embargo, advirtió que es preciso establecer el límite mínimo para que un aborto voluntario sea legal, y citó los parámetros de otros países, que van desde 12 a 24 semanas de gestación.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que no es deseo de ninguna mujer abortar, en todo caso son las circunstancias particulares de cada caso las que llevan a tomar esta decisión. El problema, recalcó, no se soluciona con criminalizar su práctica, pues con eso únicamente se causa que mueran más mujeres en abortos clandestinos efectuados en condiciones insalubres y por personas poco capacitadas.
Norma Lucía Piña Hernández señaló con puntualidad que las creencias personales no son compartidas por todos, y por ello no pueden ser adoptadas y defendidas por el Estado sin violar su carácter laico y los derechos humanos. Sostuvo que penalizar con cárcel el aborto en realidad no busca la protección de un supuesto derecho a la vida, sino castigar la conducta sexual de la mujer, limitando su libertad.
La discusión seguirá este martes así como la votación.
Al respecto, la sesión fue seguida de cerca por colectivos feministas y de derechos humanos, las cuales celebraron los pronunciamiento y argumentaciones de los ministros. Esperan que hoy sea un día histórico para los derechos de las mujeres.
Con información de La Jornada.
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